Publicado el 17 de septiembre de 2011

Conflicto estudiantil: ¿Existe una solución a la intransigencia?

Cuando el ministro Bulnes se dirige al país en radio bio bio, tras haber respondido a las demandas mínimas que pedía la CONFECH para sentarse a dialogar y señala que ellos esperan un "diálogo sin condiciones", a nosotros nos resulta desconcertante. ¿Reímos o lloramos? Porque la verdad es que esto ya es tragicómico. Las razones para esta suerte de intransigencia en ambos bandos ya la hemos explicado en artículos anteriores, incluso haciendo la salvedad de que asumir que existen solo dos bandos es un absurdo. 

El gobierno se muestra afable y dispuesto al diálogo, al menos en palabra, pero la verdad es que cada vez que responden a las propuestas, resaltando los supuestos consensos con las demandas estudiantiles, solo ridiculizan las mismas al mostrar, como avances, cosas que ya existen. Dos fueron las demandas supuestamente aprobadas por el gobierno, la trasparencia del diálogo y el cumplimiento de la ley frente a la prohibición del lucro. Con respecto a la trasparencia, se pidió que "la ciudadanía conozca en detalle las posturas de los distintos actores y los resultados vinculantes que emanen de las discusiones", el gobierno dijo que se harán públicas las actas de las negociaciones, cosa que ya se hizo la última vez que se sentaron a conversar, ¿Por qué no televisarlas?. Se pidió "no abrir la llave de recursos de todos los chilenos a aquellas instituciones que lucran infringiendo la normativa vigente", el gobierno respondió que eso lo hará la futura superintendencia de educación que se está creando. Bueno resulta que esto es un delito y el órgano encargado de velar porque se cumpla la ley es el Consejo Nacional de Educación. Si ya existe una normativa que prohíbe el lucro en las universidades y un órgano fiscalizador ¿Por qué habrían de crear uno nuevo?¿Por qué habríamos de creerles ahora cuando dicen que las cosas cambiaran?

Con respecto a los disensos, el gobierno plantea que frente a la demanda de "postergar el plazo estipulado para la reasignación de becas y créditos, además de recalendarizar el año escolar" no puede hacer nada pues se requieren al menos 16 semanas para poder realizar un semestre académico. Es decir, si las clases no empiezan el 7 de Octubre y hay clases hasta finales de Enero el año escolar se pierde. Esto requiere de un análisis minucioso que quizás no lograremos en estas líneas, pero al menos daremos comienzo a la titánica tarea.

El problema de perder el año es el financiamiento de la Universidades, y en parte el de los estudiantes, problema que forma el tenor del conflicto actual (porque, estrictamente hablando, la calidad de la educación nadie la ha puesto en el tapete seriamente). Lo que afecta a las universidades es que al no finalizarse los periodos académicos la reasignación de becas, tanto estatales como privadas, no puede darse. Es decir miles de estudiantes no podrán renovar sus beneficios y las universidades no percibirán estos ingresos. Ahora aquí si hay un tema de voluntades políticas, porque el estado podría seguir consignando los aportes fiscales a los beneficiarios independientemente de si se han cerrado los semestres, algo así como el pago de los sueldos a los trabajadores cuando realizan una huelga legal. De todas maneras estos fondos ya están destinados en el presupuesto anual de educación. ¿Nos preguntamos qué harían con estos fondos si el paro sigue?  Con los créditos, es aún más complicado, porque los bancos no perdonan y miles de padres se habrán endeudado para pagar una educación que no se ha recibido y tendrán que exigir la devolución de su dinero a las casas de estudio. El resultado de todo esto es la triste y obscena realidad de la educación en entidades autónomas que se rigen como empresas en una sociedad de mercado. Universidades a la quiebra porque dependían enteramente de sus consumidores. ¿Que acaso no es por lo que estamos luchando hoy? que la educación sea un derecho y no un producto transado mediante las especulaciones morbosas del mercado bursátil.

Finalmente el último punto en discrepancia, suspender la tramitación de proyectos de ley relacionados con los créditos en educación superior, ingresados por el ejecutivo, el gobierno dice velar por los 500 mil estudiantes que se verán beneficiados por estas leyes. La verdad es que solo son migajas que se tramitan en el parlamento para reducir los intereses (subsidio a la demanda) o sacar a los morosos de dicom y así puedan partirse el lomo para pagar sus deudas. Puros parches curitas.

La situación es compleja, como siempre ante la crisis el sistema pone a pelear a los oprimidos contra los oprimidos, pobres contra pobres. Apelamos a la solidaridad y a la unión, se requieren sacrificios quizás, pero son en pos del bien común de los de abajo y en desmedro de los de arriba. Por supuesto que no se acabará la intransigencia, la dignidad no se transa.

¡¡¡JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE TODXS A LAS CALLES, TODO O NADA!!!