Publicado el 19 de octubre de 2016

Hábitat 3: Tribunal Internacional exigió detener desalojos a nivel global

El Tribunal Internacional de Desalojos (TIE) entregó su veredicto tras analizar 7 casos de desplazamientos forzados de comunidades de todo el mundo, y que a palabras de la institución, va en contra del derecho internacional por afectar a "niños/as, mujeres, migrantes, adultos mayores y otros colectivos y minorías". La lectura de la resolución se realizó en el marco del Foro Social Resiste Hábitat 3, encuentro alternativo de organizaciones sociales frente a la Convención de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, que se realiza en Quito hasta el próximo 20 de octubre.

En su declaración, el Tribunal reclamó la moratoria global a desalojos y el cumplimiento a las obligaciones de los Derechos Humanos contraídas por los estados, tanto en el respeto, la protección y la promoción del derecho a la vivienda, a la tierra y al hábitat de las personas y comunidades.

También el organismo internacional punteó el "profundizar la democracia" en la tomas de decisiones sobre la gestión y planificación del territorio, reconociendo la función social y ecológica que éste cumple.

En cuanto a los defensores y defensoras de los derechos humanos involucrados en procesos de desalojo, el TIE exhorta a los estados y a la ONU a protegerlos/as "de manera urgente y adecuada", ya que en casos han sufrido ejecuciones, persecución penal, cárcel o amedrentamiento judicial.

Luis Agustín Territoriale, jurado del Tribunal Internacional e integrante de la Defensoría General de la ciudad de Buenos Aires, mencionó que las recomendaciones finales se hacen públicas "para que sean reconocidas e implementadas por los estados y, que a su vez, sirvan como herramienta para la luchas sociales alrededor de todo el planeta".

El TIE controlará cada 6 meses la implementación de las medidas mediante informes semestrales y otras orientaciones para los casos concretos.

CASOS REVISADOS POR EL TIE

De los 7 casos revisados por la instancia internacional se encuentran situaciones en la República del Congo, Francia, Brasil, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos e Israel-Palestina.

En Corea del Sur, por ejemplo, desde el 2007 que más de 1.900 habitantes de la isla de Jebu se han visto afectados por el proyecto de construcción de una base naval, a pesar que el lugar en específico (Gangjeong) fue declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO (2002).

La base de la Armada surcorerana "cubrió las creencias y los recuerdos de los y las habitantes y varias especies en peligro de extinción con cemento", apunta una declaración de los afectados distribuida en el Foro Social Resiste Hábitat 3, generando un trauma en la comunidad y entre familias, deteniendo el ritual religioso e incluso el saludo entre ellos, "debido a sus opiniones sobre el proyecto".

Hasta el momento, más de 697 personas han sido detenidas, 601 acusadas judicialmente y 58 encarceladas.

Este 2016, tras la finalización de la Base Naval de Jeju, la Armada de la República de Corea pidió una compensación de 3 millones de dólares a 116 individuos, entre los que se cuentan civiles y religiosos. El concepto de la demanda es por la obstrucción a las obras, que significó un retraso y pérdidas de la empresa constructora (Samsung) durante 14 meses.

Desde África, en tanto, se denunció un desplazamiento forzado de 11 mil habitantes de una población autóctona de Bilangalonzo, República del Congo, dada la construcción de un complejo industrial.

Según un representante africano presente en la lectura del veredicto del Tribunal Internacional de Desalojos, el desplazamiento fue sin indemnización de ningún tipo, quedando la mayor parte de la población de Bilangalonzo sin derecho a tierra ni a poder cazar o recolectar. Los niños y niñas, en tanto, están sin acceso a educación.

Desde el complejo industrial, en tanto, han ofrecido empleos a los y las habitantes, que se caracterizan por extensas jornadas y bajos salarios.

"Pensamos que la solución es internacional", resaltó el vocero.