Publicado el 15 de marzo de 2011

Una extraña bomba, un allanamiento y las pruebas de la Fiscalía

Tras el bombazo en la Defensoría Popular ocurrido el pasado sábado 12 de marzo, ha crecido entre los familiares y la defensa de los inculpados, la sospecha de que se estaría generando un clima adverso en contra de los detenidos, para así justificar su permanencia en prisión preventiva.
El próximo miércoles 16 de marzo, el fiscal Alejandro Peña reformalizará a la mayor parte de los 14 imputados por el llamado “Caso Bombas”, quienes se encuentran en prisión preventiva desde el 14 de agosto del año pasado.
En la audiencia, solicitada por el Ministerio Público, luego que el plazo de la investigación venciera hace cuatro semanas, se buscará agregar más delitos a los inculpados y ampliar en seis meses más el plazo de la investigación.
Desde el 21 de febrero, 13 de los 14 acusados se encuentran realizando una huelga de hambre líquida, en demanda por la realización inmediata del juicio y en rechazo a una nueva ampliación de la investigación.
La explosión de un artefacto ocurrida en la oficina de la Defensoría Popular, el sábado 12 de marzo –a cuatro días de la formalización- , donde se lleva la defensa de 9 de los 14 acusados, ha generado profunda preocupación entre los abogados y los familiares de los inculpados, quienes, en más de una oportunidad, han calificado este proceso como un “montaje”.
El hecho genera una serie cuestionamientos y profundiza aún más las dudas que rodean el origen y el desarrollo de este mediático caso.

¿ALLANAMIENTO ENCUBIERTO?
Luego de la explosión en la Defensoría, Verónica Garín, pareja de Omar Hermosilla (acusado de ser financista de una organización ilícita), manifestó sus sospechas de que, con este hecho, se esté creando un clima adverso en la opinión pública en contra de los imputados, para así extender su permanencia en prisión preventiva el día de la audiencia.
Por su parte, Ximena Muñoz, vocera de los detenidos en huelga de hambre, señaló que el hecho “es muy sospechoso”, a sólo días de enfrentar una nueva formalización de cargos, por lo que expresó que en estos días que quedan “se puede esperar cualquier cosa”.
Lo que más le llamó la atención fue un comentario de un carabinero presente en el lugar, quien supuso que el artefacto podría haber sido puesto por algunos de los detenidos “que no se sintieran conformes con la defensa”. Un comentario que Ximena Muñoz consideró como “insidioso”, en contra de personas que aún no han sido sometidos a juicio, y que, por lo tanto, no son culpables.
A todo esto, el abogado Rodrigo Román -en cuya oficina explotó el artefacto– se refirió a las irregularidades que se dieron en el peritaje, como la imposibilidad de acceder al edificio durante horas, mientras éste ni siquiera fue evacuado.
La fiscal presente, Lorena Barudi, afirmó que éste “era un procedimiento normal”, y que por orden del fiscal regional Andrés Montes, no podían presenciar las pericias.
El abogado respondió que estos hechos “dan para especular muchas cosas, es muy extraño todo esto”.
Para una gran parte de los familiares de los detenidos, este hecho llama la atención, ya que podría tratarse de un artimaña para justificar detenciones sin pruebas que se han realizado en este caso, y que se ha prolongado más allá de lo adecuado. O peor aún, que producto de este hecho, según sospechan algunos familiares, las fuerzas de seguridad hayan incurrido en una especie de “allanamiento” encubierto de la oficina, donde se guardan los antecedentes que la defensa ha recopilado del caso, con vistas a enfrentar la audiencia del próximo miércoles.

LAS CONTROVERTIDAS PRUEBAS DE LA FISCALÍA
50 tomos son los que componen la carpeta de investigación del denominado “Caso Bombas”, proceso que incluye entre otros datos, miles de escuchas telefónicas a los acusados, monitoreos, seguimientos y “puntos fijos” de vigilancia realizados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, coordinadas a través de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Todo este proceso dio origen a una serie de “pruebas” presentadas por la Fiscalía, las que, para los familiares y la defensa de los inculpados, carecen de credibilidad y sustento. Algunas de estas pruebas, fueron mencionadas en el 3er Comunicado desde el inicio de la huelga de hambre, publicado por los cercanos de los acusados en la web, el pasado 10 de marzo, y que demuestran la debilidad de las evidencias presentadas por la parte acusadora.
Pesquisas que incluyen una conversación entre el imputado Rodolfo Retamales y la madre de su hijo, donde preguntaba si “había dado comida al gato, y si su hijo seguía acostado”.
La Fiscalía asegura que ésta es una comunicación “en clave”. Otra “prueba” corresponde a una fotografía del inculpado Felipe Guerra, donde aparece el joven escribiendo su sobrenombre y una bomba “tipo Acme” en una playa.
También se incluyen 44 imágenes georeferenciales de atentados ocurridos en los últimos años, que son atribuidas directamente a los acusados como prueba de la logística usada para desarrollar estos hechos. No obstante, la defensa argumenta que estas imágenes fueron creadas en realidad por gráficos del diario La Tercera y bajadas de su sitio web.
Se incluye un supuesto “plan criminal” de la organización, encontrado en el computador del inculpado Camilo Pérez Tamayo, el que, sin embargo, no correspondería a otra cosa más que un plan de desarrollo de contenidos de estudio, dado que Pérez estudió Pedagogía General Básica en la universidad.
También se intenta probar la existencia de “financistas extranjeros” que habrían apoyado a la supuesta organización, mediante el depósito desde Italia –en una sola ocasión- de 950 euros (cerca de 700 mil pesos) a nombre de Omar Hermosilla, en Chile, cifra que la defensa considera ridícula para organizar “acciones subversivas”.
Este tipo de pruebas suman y siguen.

POR UN JUICIO AHORA Y CON JUSTICIA
Tal y como lo expusieron 40 parlamentarios de todo el arco opositor al Gobierno en una carta entregada el pasado 9 de marzo al fiscal nacional Sabas Chahuán, el proceso ha presentado numerosas irregularidades, algunas de las más sonadas, como el uso de testigos protegidos –permitido por la Ley Antiterrorista, con el cual, los imputados son investigados– que corresponden a personas con antecedentes psiquiátricos e incluso, presos comunes, quienes por declarar, recibirían beneficios en sus penas.
No deja de ser llamativo, además que, durante su estadía en prisión, muestras de ADN extraídas de los mismos inculpados –extracción que, según denuncian se hizo de manera violenta y sin su consentimiento– fueron comparadas con las muestras obtenidas en los sitios de los sucesos; buscando algún posible nexo entre los detenidos y su participación en los atentados. Los resultados, sin embargo, dieron negativo, no pudiéndolos vincular con las evidencias recogidas.
Con todo esto, los presos seguirán exigiendo su libertad inmediata, así como el final del “montaje jurídico-policial”, según los inculpados. También piden la realización inmediata del juicio, así como el fin del plazo de investigación, y la derogación de la Ley Antiterrorista.
Por Christian Armaza Benavides
El Ciudadano