| Escrito por resumen.cl |
| Sábado, 24 de Noviembre de 2012 00:00 |
La
salud pública en nuestro país es financiada 100% por las familias, un
40% a través de los impuestos (IVA, impuestos a la renta, impuestos de
venta) que el Estado recauda e invierte en salud como aportes fiscales, y
en un 60% a través de lo que cada trabajador aporta (7% del sueldo) al
Fondo Solidario en Salud (Fonasa). De este 100% de dinero reunido, la
mayor parte se ocupa en atención hospitalaria, solo un 24% a la atención
primaria, consultorios y postas y que deben ser financiados también por
los municipios.
Casi el 80% de los Chilenos pertenecen a
Fonasa, es decir, costean su salud con este fondo común en un sistema
“de libre elección”, ya sea utilizando gratuitamente los servicios
públicos (postas, consultorios y hospitales) o bien en servicios
privados (médicos, clínicas, centros de diagnósticos etc..). Fonasa
divide a sus afiliados en 4 tramos desde los que no reciben ingresos
formales o reciben pensión asistencial, hasta los que reciben mayor
cantidad de ingresos: A, B, C, D, los últimos 3 tramos reciben
bonificación para atenderse en el sistema privado, los del tramo A, no,
viéndose obligados a atenderse solo en el sistema público.
Un 13% de los chilenos pertenecen a
Isapres, empresas que funcionan en base al lucro que puedan generar,
éstas venden “paquetes” de prestaciones médicas, de acuerdo a lo que
cada familia puede pagar, en este caso las Isapres discriminan entre
quienes les son más rentables (los más sanos, jóvenes) y quienes no
(viejos, con historial de enfermedades y mujeres en edad fértil). Es
decir funcionan bajo la lógica de un seguro.
Los últimos años hemos asistido al auge de
los centros de salud privados, gracias a la fuga de recursos públicos
hacia este sector, en vez de invertir en tecnología y profesionales para
hospitales y consultorios, se han hecho millonarios traspasos de
dineros en derivaciones hacia centros de diagnósticos, por ejemplo, en
vez de invertir en infraestructura para realizar diálisis en un
Hospital, envían a pacientes a centros privados externos, ocupando
nuestros recursos para ello. El problema radica en que las empresas se
crean con la finalidad de obtener ganancias por sus servicios, es decir
lucrar, y para ello cobran sobre los costos reales de lo que ofrecen, no
así un servicio público cuyo único fin es servir. Por ende el Estado y
todos nosotros estamos haciendo ricos a los dueños de las clínicas y
centros de diagnósticos, y cada vez se debilita más la salud pública.
La Mesa Regional por la Salud (MRS) se
conforma en abril de este año, la iniciativa tuvo como primer objetivo
reunir a los gremios históricos de la salud en nuestra región: FENATS,
CONFUSAM, FENPRUSS con otras organizaciones: vecinales, sindicales,
culturales, estudiantiles y organizaciones no gubernamentales en función
de recuperar el carácter social de la salud.
La primera tarea identificada por la MRS
fue instalar la idea que la Salud es un derecho social de toda la
población, por ende no puede ser objeto de lucro, en este sentido las
organizaciones se adhirieron al plebiscito nacional de Salud, donde
votaron cerca de 31.000 personas, alrededor de un 92% opinó que la salud
debe ser financiada por el Estado y que las instituciones de salud no
deben tener fines de lucro, más aun un 96% de los votantes declararon
que usuarios y trabajadores deben participar en la toma de decisiones en
relación a la salud. Pese a que esta iniciativa surge desde la Mesa
Social por la Salud Santiago, la MRS desde un comienzo se definió como
un espacio autónomo y de carácter local, en construcción y
principalmente social, excluyendo intereses institucionales o
partidistas.
Inmediatamente después del plebiscito surge
la necesidad de establecer un lenguaje común, en un primer encuentro
entre trabajadores (gremios) de la salud y los vecinos penquistas, en el
cual se visibilicen necesidades y propuestas comunes. De este modo la
MRS convoca el 25 de Agosto al primer encuentro regional por la salud,
al que asistieron cerca de 200 personas de distintas partes de la
región.
De este encuentro surgieron importantes
conclusiones, por ejemplo que la causa de las carencias concretas que
hoy vemos en la salud pública se deben a que desde la dictadura militar
la salud se ha convertido en un negocio, la falta de financiamiento
adecuado y suficiente de la salud pública correspondía a una decisión
política para propiciar la crisis en este sector y favorecer a la salud
privada en cuanto a compra de servicios e imagen de eficiencia y
eficacia.
Por otro lado, el modelo económico actual
basado en la exportación de materias primas ha traído la depredación de
nuestro medioambiente: en Hualpén, Talcahuano, Coronel, Arauco las
industrias petroquímica, siderúrgica, pesquera, y forestal han
contaminado el aire, agua y suelo de las poblaciones aledañas, afectando
gravemente la salud de los vecinos y los trabajadores. El monocultivo
de pino y Eucaliptus, está secando y degradando los suelos que alguna
vez fueron utilizados para el cultivo de alimentos saludables, esto
junto a la degenerada utilización de transgénicos y pesticidas en la
agroindustria, y el arrase pesquero han significado que tener una dieta
sana y libre de tóxicos sea prácticamente imposible. Asimismo se
concluyó que las políticas de salud, están centradas hacia la atención
curativa, en desmedro de los aspectos promocionales y preventivos, lo
que hace funcional al mercado de las clínicas y al negocio de las
farmacéuticas.
Este mismo modelo ha traído consigo el
menoscabo de los trabajadores y su salud: abortos, tendinitis y artritis
entre otras enfermedades son comunes entre las mujeres que trabajan
hasta 12 horas en cámaras de frío en empresas pesqueras de Coronel y
Talcahuano, quienes no reconocen estas enfermedades laborales.
En el encuentro también se reconoció que
las instituciones ofrecen a las organizaciones de trabajadores y
usuarios instancias consultivas con carencias de autonomía y que por su
carácter no representan una efectiva participación en las decisiones,
es decir, al nivel resolutivo. Un último problema compartido tiene que
ver el bajo ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
propiciado por pésimas políticas educativas en torno la diversidad
sexual.
Como conclusión de este encuentro, frente a
la multiplicidad de temas relacionados con nuestra salud/enfermedad se
plantea la necesidad de un movimiento social que: detenga el lucro en
salud mediante la protesta y movilización exigiendo fortalecer y
enriquecer el servicio público de salud, junto a esto establecer
participación social como estrategia válida para incidir y tener control
sobre las políticas de salud, y de este modo articular de las
organizaciones a nivel local, regional y nacional que logre poner en la
agenda política las demandas de la población.
En este contexto se plantea en este
encuentro la creación de Mesas locales por la salud que desde una
perspectiva autónoma que busca visibilizar las necesidades y las
demandas locales, estrechando el vínculo entre los trabajadores y
vecinos usuarios de las salud, ejercer participación y a la vez se
puedan construir iniciativas concretas en el ámbito de la prevención.
También es importante avanzar en nuestras propuestas y acciones para
desde lo concreto ir conquistando derechos.
Por eso el llamado que hoy hace la MRS es a
conformar mesas territoriales por la salud, como las conformadas por
los vecinos y trabajadores en San Pedro, quienes han organizado un
encuentro comunal para el 24 de este mes, y como en Talcahuano, donde
este mes se encuentran trabajando en torno a la información hacia los
vecinos organizando charlas en sectores de Talcahuano y se espera para
Noviembre la formación de Mesas en Yungay y Penco-Tomé.
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La
salud pública en nuestro país es financiada 100% por las familias, un
40% a través de los impuestos (IVA, impuestos a la renta, impuestos de
venta) que el Estado recauda e invierte en salud como aportes fiscales, y
en un 60% a través de lo que cada trabajador aporta (7% del sueldo) al
Fondo Solidario en Salud (Fonasa). De este 100% de dinero reunido, la
mayor parte se ocupa en atención hospitalaria, solo un 24% a la atención
primaria, consultorios y postas y que deben ser financiados también por
los municipios.
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