Publicado el 28 de octubre de 2013

Declaración Pública Ayunmapu frente a la visita de Adveniat

Iván ReyesQuepe - Chile, a 22 de Octubre del 2013.

Señores Delegación de Adveniat



Presente

Estimados visitantes de la República Federal de Alemania, junto con saludarlos les damos la bienvenida a nuestras tierras, deseamos que este encuentro tenga buenos resultados y esperamos que su interés por reunirse con nosotros sirva para comprender la realidad de las comunidades mapuches en la región de la Araucanía Chile.

Nuestras comunidades José Catrín, Antonio Cotaro, Francisco Lemuñir, José Aillañir y Caciques Federico Alcaman y Juan Huenchual, todas agrupadas en la organización territorial Ayumapu, somos descendientes de los antiguos habitantes de este territorio y reclamamos el derecho de propiedad por uso ancestral sobre el Área comprendida entre el Menoco (Humedal) Santa Elena por el sur, el estero Chucauco por el Poniente, la Comunidad Juan Rañileo por el Norte y la comunidad Millalí por el Oriente, abarcando en total más de 10.000 hectáreas, en lo que hoy es la comuna de Freire de la Región de la Araucanía de Chile.

Para nuestros antepasados constituía un espacio de supervivencia, tranquilidad, ordenamiento, convivencia, y organización, con normas respetadas y valoradas por ellos desde tiempos inmemoriales, normas que hasta hoy están presentes en los relatos y en fragmentos de convivencia, como el que nos dice que “debemos cuidar y respetar la tierra y agua de nuestros esteros y humedales, porque es desde allí que nosotros nacimos y de ellos dependemos para nuestra supervivencia y la de nuestros hijos e hijas”.

A partir del año 1857, el estado de Chile construye la idea de cruzar el Rio Biobio para apropiarse de nuestros recursos. Pero fue solo durante el año 1881 y apoyado en el ejército al mando del Coronel Gregorio Urrutia que cruza el río Quepe, y se apropia, por la fuerza, de la mayor parte de nuestro territorio. Éste proceso de ocupación militar no solo reduce a poco más de 450 hectáreas el territorio de nuestras familias, sino que además generó muertes por masivas matanzas como la de Nalcahue, donde se asesina a familias completas como los Picun, Patroco y Coñoeñir. Nuestros antepasados sobrevivientes fueron obligados a ubicarse en esta superficie reducida, desapegados de sus espacios y sitios ceremoniales, de sus espacios productivos, entregando posteriormente a inmigrantes europeos el derecho de propiedad de la mayor parte de nuestro territorio, algo más de 9.500 hectáreas. De esta forma nacen los fundos Huilquilco, Santa Elena, Santa Ana, Huale, Santa Elisa y Fundo Santa Georgina.

En distintos periodos, los integrantes de nuestras Comunidades han reclamado la restitución de las tierras usurpadas, no encontrando una respuesta satisfactoria, produciendo incluso nuevas pérdidas de
tierras por corrida de cerco de los propietarios extranjeros de turno de los fundos en perjuicio de nuestras comunidades.

Recién en el año 1971, bajo el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, informes técnicos corroboran parte de nuestros reclamos, informando usurpaciones de nuestras tierras por parte de estos fundos. Ese gobierno fue derrocado por una dictadura apoyada por dueños de fundos en el año 1973, por lo que no logramos obtener el resultado esperado.

Luego de este largo periodo de usurpaciones y atropellos de nuestras comunidades, así como de largas gestiones ante las distintas administraciones de los Gobierno de turno, logramos finalmente obtener de Conadi, organismo del estado, un reconocimiento de la pérdida involuntaria de tierras de nuestras comunidades, en lo referido a lo usurpado a los Títulos en Merced, comprometiendo el actual gobierno la restitución de tierras y territorio mediante la compra a privados de sus propiedades, muchas de ellas constituidas en las mismas tierras usurpadas.

En el día de hoy, observamos que el estado de Chile ha ratificado convenios, tratados y normas internacionales sobre Derechos Humanos, sobre Derechos de los pueblos originarios, lo que para algunos significa el ingreso del país al selecto grupo de países desarrollados y con los mejores niveles de bienestar social.

Sin embargo, nos preocupa que, a pesar de demostrar la historia de derechos territoriales vulnerados de nuestras comunidades por parte del propio estado chileno, y que estos reclamos y reivindicaciones, hoy día, son reconocidos como derechos constitucionales, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, y en las recomendaciones del Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, (ambos instrumentos con rango constitucional), La ley Indígena 19.253 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, todos instrumentos ratificados por este Estado, aun así se niegue su existencia y su exigencia de cumplimiento, mediante procesos como el que vivimos nosotros con la construcción del Anteproyecto Nuevo Aeropuerto de la Araucanía en territorio Mapuche. En este proceso se desconoció todos los instrumentos previamente citados, por ejemplo, no se aplicó el derecho a la Consulta por el uso de nuestro territorio y sus recursos naturales, se desconoció nuestras reivindicaciones sobre esas tierras, no se aplicó el derecho a la libre-determinación respecto a cuales son nuestras propias prioridades de desarrollo en nuestro territorio. De igual modo, y frente a toda la legislación y nuestro reclamo, el gobierno regional encabezado por el Intendente Andrés Molina Magofke, asigna recursos fiscales para la compra de la voluntad de nuestras comunidades, orientando recursos de distintas instituciones públicas para quienes acepten la construcción del Proyecto Aeropuerto, y negándole los recursos públicos a quienes se oponen, hechos denunciados por nosotros como prácticas de terrorismo de estado, promoviendo la división de nuestras comunidades y nuestras familias.

Finalmente, debemos agregar que nuevamente este estado y gobierno regional, vulnerando todo lo dicho anteriormente respecto a derechos reconocidos nacional e internacionalmente, y a la resistencia del Pueblo Mapuche por más de 120 años, pretende implementar una ley Araucanía con el apoyo de oportunistas inmorales, que ofrece cambiar el derecho a la tierra y territorio por dinero, propuesta que consideramos insultante, irresponsable e ilegal.

Los estados saben que mientras no haya justicia tampoco habrá paz.

Solicitamos a su delegación informar a su gobierno, a sus representantes sobre esta situación de incumplimiento de normas internacionales de Derechos Humanos por parte del estado de Chile, que la injusticia e inequidad se mantienen en la Araucanía, que el interés de unos pocos supera los intereses de la mayoría que quiere vivir en paz, y en sintonía con sus formas de vida y costumbres.

Cordialmente,

Mario Lemuñir Huinca
Presidente Comunidad Francisco Lemuñir

Iván Reyes Alcaman
Presidente Comunidad C. F. Alcaman y J. Huenchual

Carlos Painen Loncon
Presidente Comunidad Antonio Cotaro

Cardenio Catrin Coliñir
Presidente Comunidad José Catrin

Leonel Catriñir
Presidente Comunidad José Aillañir