Publicado el 26 de enero de 2015

Análisis sobre la Reforma Laboral

Fotografía www.elciudadano.cl
Enero de 2015

1) Antecedentes

Durante los últimos meses el mundo del trabajo se ha mantenido expectante frente a la agenda laboral del gobierno y en particular del proyecto de ley que reforma las relaciones laborales. Si bien la citada reforma surge de un programa que recoge el Acuerdo de Voluntades CPC-CUT de 31 enero de 2012, la misma expresa una demanda que viene instalada en los hechos desde el mundo sindical hace bastantes años. El objetivo que buscamos como trabajadores/as, con estas demandas, no es otro que desarrollar un sindicalismo fuerte destinado a superar, no solo la gran inequidad en el mundo del trabajo, sino que las brutales brechas de desigualdad que el país presenta.

Después de 35 años padeciendo los abusos del código del trabajo, los trabajadores y trabajadoras de Chile hemos acumulado un pliego de demandas diversas, algunas de las cuales han sido tomadas por la NM pero vaciadas de su contenido original. Así el proyecto de reforma emanado desde el ejecutivo, si bien posee elementos a rescatar, en su gran mayoría presenta elementos a rechazar.

De cara a un proceso de discusión al interior del congreso, es fundamental que como trabajadores y trabajadoras comprendamos los alcances reales de las modificaciones propuestas en la reforma, evaluemos y desarrollemos nuestra capacidad de incidencia dentro del contenido de la misma, y evitemos que la discusión se estanque y agote en las estrechas paredes del congreso.

2) El proyecto de reforma

La reforma emanada por el ejecutivo se centra principalmente en 3 grandes ejes, la titularidad sindical, la amplitud y mejoramiento de la negociación colectiva y el derecho a huelga. En términos generales el proyecto presentado hasta ahora se caracteriza por:

Mantener la restricción de la negociación colectiva y la articulación sindical al nivel de empresa.
Poseer una concepción negativa y por ende restringida del derecho a huelga, lo que se expresa ejemplarmente en la concepción de “huelga pacífica”.
La mantención de prohibición expresa de negociación colectiva y huelga en algunos sectores del mundo del trabajo, lo que atenta contra el principio de libertad sindical consagrado en el convenio Nª87 de la OIT.
El exceso de tutela administrativa en la negociación colectiva, lo que mantiene la burocratización del proceso.
Una amplia gama de alternativas de judicialización del conflicto colectivo y arbitrajes obligatorios que entorpecen el proceso.

A continuación pasamos a analizar con mayor detalle cada uno de los ejes de la reforma.

Titularidad Sindical

La extensión de beneficios conquistados mediante la negociación colectiva a trabajadores/as no sindicalizados es a todas luces una práctica antisindical ampliamente utilizada por el empresariado. Lograr una verdadera titularidad sindical, es decir que el sindicato se reconozca como el único ente negociador y receptor de los beneficios que conquiste, ha sido resistida por los empresarios apelando a una limitación de sus derechos individuales, sin ninguna consideración por los derechos colectivos de los/as trabajadores/as. Ahora bien, dentro del actual proyecto de ley se reconoce que será el sindicato, cuando exista este, el que negocie colectivamente y que los beneficios negociados serán únicamente para los/as trabajadores/as sindicalizados, lo cual puede entenderse como un avance. Sin perjuicio de esto, se deja abierta la posibilidad para extender los beneficios a trabajadores/as no sindicalizados/as previo acuerdo entre el sindicato y el empleador, lo cual podría generar tensiones internas entre los/as trabajadores/as. Esta figura si bien no es explícitamente nociva, al menos deja abierta la posibilidad para seguir extendiendo los beneficios a trabajadores/as no sindicalizados/as y cierto margen de maniobra para los empleadores.

Negociación colectiva

Unos de los supuestos ejes de la reforma, yace en la necesidad de ampliar y fortalecer la negociación colectiva como instrumento que equilibre la balanza en pro de la parte más débil dentro de la negociación, a saber, las trabajadoras y trabajadores.

Como hemos dicho, dentro del proyecto de reforma se manifiestan ciertos avances tales como la titularidad sindical para negociar colectivamente, la rebaja de 4 a 3 años en el máximo de vigencia de los instrumentos colectivos o la propiedad de los beneficios de la negociación. Sin perjuicio de esto, un sinnúmero de otros aspectos son restrictivos.

Con respecto al piso mínimo que se establece para cada negociación colectiva, la reforma no solo es insuficiente, en cuanto a aspectos relevantes tales como los reajustes, los incrementos reales y los bonos de término de conflicto no forman parte de este piso mínimo, sino que además es regresiva en cuanto elimina la obligatoriedad del empleador de aceptar el último contrato colectivo en caso de no llegar a acuerdo y lo faculta de despojar a los/as trabajadores/as de beneficios “cuando las condiciones económicas de la empresa así lo justifique”. Más grave aún es la situación de los sindicatos que negocian por primera vez, en donde ni siquiera se establece el reajuste del IPC.

La adaptabilidad pactada o flexibilidad pactada, ha sido un requerimiento del empresariado desde hace bastante tiempo. Este concepto implica ampliar las materias que pueden ser negociadas colectivamente, lo cual a primera vista sugiere que esto podría representar un avance para los/as trabajadores/as.Sin embargo, entendiendo que en el escenario actual donde observamos un sindicalismo débil, restringido a la empresa y donde el contar con un empleo no es sinónimo de bienestar social (el sueldo mínimo, asignación que la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de Chile percibe, se encuentra por debajo de la línea de la pobreza) la posibilidad de expandir las materias que pueden ser negociadas puede resultar una espada de doble filo. Esto se debe a que abre la posibilidad de flexibilizar materias como condiciones de trabajo, descansos, horas extras y jornada pasiva, a cambio de escuetos beneficios económicos, en directo desmedro de la calidad de vida de los/as trabajadores/as. Con un quórum bajo del 30% de representatividad de los sindicatos (que fomenta creación de sindicatos amarillos), sumado a la posibilidad de hacer extensivos los beneficios a todos/as los/as trabajadores/as, primero a través de “acuerdos” individuales y luego de manera generalizada con el 50% más uno de los/as no sindicalizados/as, la flexibilidad pactada será un retroceso más que un avance si se aprueba la reforma.

En otras materias es posible apreciar cómo se otorga de manera “nominal” el derecho a negociación colectiva a trabajadores/as por obra o faena o temporeros. Decimos negociación nominal, porque para que exista negociación debe haber equilibrio entre las partes, que solo es posible con el fuero para los/as trabajadores/as que negocian y el derecho a huelga. Ambos aspectos son negados en la reforma por lo que la “negociación” se trata de una verdadera imposición. Además, se establece como condición a los/as trabajadores/as para presentar su proyecto, hacerlo no antes de 40 días ni después de 50 días “anteriores” al inicio de temporada o faena, lo que imposibilita que los/as trabajadores/as directamente involucrados puedan negociar en la faena. De no modificarse esto a pactos laborales mínimos para ser mejorados en la obra misma, solo fomentará un sindicalismo corporativo y amarillo, acostumbrado a operar bajo la lógica de Acuerdos Marco celebrados previamente con las empresas.

Otros retrocesos están constituidos por la obligación del sindicato a mantener el quórum de constitución en todas las negociaciones colectivas, requisito que hoy no exige la ley. Además termina con la obligatoriedad del empleador de dar los fundamentos de la oferta y elimina la garantía de aprobación del proyecto de contrato colectivo cuando el empleador no responde llegado el día 20 del plazo de respuesta.

Unos de los puntos que ha llamado la atención últimamente, ha sido denominado como la criminalización de la labor sindical. Esto surge de uno de los artículos de la reforma que estipula la pérdida del fuero sindical producto de prácticas desleales como el ejercicio de violencia física o moral por parte de dirigentes sindicales. Aquí se introducen nuevas causales de práctica desleal de los trabajadores/as y de desafuero, absolutamente desproporcionadas, redundantes con la legislación vigente y altamente ambiguas, entregadas a la interpretación de la autoridad administrativa de turno y los tribunales.

Otras materias, no directamente relacionadas con la negociación colectiva, constituyen las ligadas a las horas de trabajo sindical. En la reforma solo existe un cambio de nombre, manteniéndose las horas sindicales de carga del sindicato y ampliándose estas de una a tres semanas, con la prohibición de desarrollar otras actividades gremiales que no sean la capacitación. Además se establecen mayores requisitos para elegir delegados en los sindicatos interempresa, donde para elegir 3 de estos se necesitaran 50 socios/as en lugar de los actuales 25 para obtener el mismo número de delegados. A esto se añade su elección vía ministro de fe, lo que burocratiza el proceso; exigiéndoseles además el quórum de sindicato de empresa para negociar, cuestión que hoy no rige.

Derecho a Huelga

El derecho pleno a huelga ha sido reconocido por Chile mediante los convenios N°87 y °98 de la OIT, la Convención Americana sobre derechos humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El ejercicio efectivo, y no solamente nominal, de este derecho en Chile se encuentra coartado por varias figuras entre las que se destacan, el remplazo, descuelgue, su prohibición absoluta en empresas estratégicas y mediante decreto presidencial en el caso de que la naturaleza de una huelga “causare grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional”. Es justamente la supuesta abolición del reemplazo uno de los puntos que más ha sido celebrado por algunos sectores, sin embargo, esto no es necesariamente así. El resquicio legal que obliga a las partes a acordar “servicios mínimos” a responsabilidad del sindicato con el fin de no dañar el patrimonio de la empresa es a todas luces la negación del derecho a huelga. Basándose en una figura preexistente que guardaba relación con funciones esenciales dentro de una empresa, la reforma ha universalizadoel reemplazo interno a costa del sindicato. No deja clara la definición de estos servicios mínimos otorgando a la IT la facultad de determinarlos, permite al empleador reemplazar en el caso de que los servicios mínimos no sean provistos y finalmente aloja en tribunales la resolución de los desacuerdos entre las partes. En otras palabras, esta figura encausa la negociación colectiva hacia un proceso burocrático que finalmente puede solo desenredarse en tribunales donde los sindicatos son más débiles.

Además de esto, bajo la reforma la prohibición de huelga en las llamadas empresas estratégicas se mantiene, extendiendo de uno a dos años el proceso mediante el cual se determina si una empresa es estratégica o no.

La figura de reanudación de faenas, bajo la norma actual permite por vía decreto del Presidente de la República y la firma de tres ministros terminar con la huelga unilateralmente en los casos en los que la duración o naturaleza de la misma causare un grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o servicios de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional. Dentro del proyecto de reforma, esta figura ahora se extiende a cualquier DT, empleador o sindicato, dejando su determinación al criterio de un tribunal ordinario, en muchos casos de competencia común, para que sea resuelva terminar con la huelga sin audiencia previa ni forma de juicio, ampliando por ende las herramientas para neutralizar la movilización sindical.

3) Temas de fondo que quedan ausentes en la Agenda Laboral de la NM

Según la OIT, el derecho a elegir el nivel al que se realizará una negociación colectiva le compete exclusivamente a las partes involucradas. La negociación supraempresa, es decir toda aquella negociación que supere los límites de la empresa individual y permita a los trabajadores y trabajadoras articularse en función de ramas de la producción, la pertenencia a un mismo holding, o la pertenencia a algún territorio específico (como ocurre en Brasil por ejemplo) fue rechazada enfáticamente por el empresariado, razón por la cual el gobierno la descartó tempranamente. Esto no solo atenta contra los tratados internacionales firmados por Chile en materias de derecho laboral, sino que imposibilita a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Chile a poder negociar colectivamente. Esto se debe a que estos/as se desempeñan en empresas que no cuentan con el mínimo de 8 personas para poder negociar colectivamente y por ende encontrarían en la negociación supraemprea la única alternativa para mejorar sus condiciones laborales.

Por otro lado, el gobierno aprobó durante julio de 2014 la nueva ley 20.760 que supuestamente buscaba terminar con la figura del multirut, la cual permite a empleadores evadir sus responsabilidades para con los trabajadores y trabajadoras, fragmentando virtualmente la figura del empleador y realmente a los empleados y empleadas. El resultado de esta reforma, mermó las capacidades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo y situó la arena donde se debe probar la existencia de dicha práctica ilegal en los tribunales, donde los trabajadores y trabajadoras son más débiles. Así el saldo de esta maniobra nos presenta un retroceso en las garantías que poseen los/as trabajadores/as para articularse y fortalecerse, mientras que otorga más libertades a empleadores para sortear sus obligaciones en materias de derechos laborales.

Otro aspecto fundamental en materias laborales consiste en la externalización  y consecuente precarización del trabajo en nuestro país, el cual ha mostrado un sostenido aumento durante los últimos años. Si durante el 2010, el trabajo externalizado oscilaba alrededor del 11% de los trabajadores y trabajadoras de Chile, hoy este alcanza el 18%, pudiendo alcanzar cifras cercanas al 20% si tomamos solo a las mujeres, o de un alarmante 44% si tomamos solo a las mujeres que trabajan en el sector público, solo por dar algunos ejemplos. La reforma no toca en lo más mínimo a la ley de subcontratación y por ende el imperio del trabajo precario y la vulneración de derechos seguirá su curso ascendente.

En materias previsionales, el debate sobre la crisis del modelo de las AFP, se mantuvo al margen de la agenda laboral. Mientras que desde el mundo sindical, principalmente desde la coordinadora nacional no más AFP, ha surgido una lectura clara sobre la irreformabilidad del modelo de capitalización individual (el 90% de las pensiones que pagan las AFP en Chile no supera los $147.000) y una propuesta concreta de sustitución por un modelo previsional de aporte tripartito y solidario, el gobierno ha jugado con un doble discurso. Por un lado conformó una comisión de asesores expertos en temas previsionales, la llamada comisión Bravo, y por otro lado envió al parlamento un proyecto de ley que propone una AFP estatal, sin que la comisión asesora haya emanado ningún veredicto final. Así se evidencia el compromiso del ejecutivo con las aseguradoras y el carácter distractor de la comisión Bravo, ya que hasta el mismo José Piñera, precursor de las AFP en Chile, se refirió a la AFP estatal como un nuevo hijo para él en tanto no cambia aspectos de fondo.

4) EL escenario político

La presente reforma no implica tan solo modificaciones cosméticas que no generan los cambios sustanciales que los trabajadores y trabajadoras de Chile requerimos, sino que en algunos ámbitos significan también un retroceso en cuanto a nuestros derechos colectivos. Al igual que sucedió con la reforma tributaria y la ley de multirut, la NM trata de vender una reforma con cascarón de progresista e interior neoliberal. Si por un lado aparentemente otorga, por el otro efectivamente despoja.

A la fecha varios especialistas, centros de pensamiento y por supuesto varias organizaciones sindicales como la CUT, la CTC, la confederación bancaria, entre otras, han manifestado su disconformidad con respecto al proyecto de Ley, indicando las materias donde el proyecto no se ajusta a sus expectativas. Al mismo tiempo las organizaciones del empresariado como la CPC o la SOFOFA, también han indicado sus observaciones, manifestando su preocupación por la generación de empleo, o la falta de políticas que aborden el tema de las mujeres y los jóvenes en el mundo del trabajo, temas que finalmente solo representan luces de artificio en una batalla no desatada en aspectos de fondo.

El escenario, en donde aparecen posiciones contrarias entre un empresariado que defiende sus privilegios y la CUT que aspira a derribar el código laboral de José Piñera, mientras el gobierno  trata de mostrarse como el ente del consenso, debe ser comprendido como peligrosamente limitado. La NM, al igual que todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia, ha demostrado en muchas oportunidades que no posee la voluntad política para desviarse ni un centímetro del modelo neoliberal, el cual es abiertamente pro-empresarial. Así lo demostró durante la tramitación del proyecto de ley, en donde cada promesa emanada hacia los/as trabajadores/as fue matizada posteriormente en alguna reunión con el empresariado, o lisa y llanamente, al incorporar aspectos inconsultos pro-empresa al proyecto de Ley. Por su parte la CUT, ha demostrado no tener margen de maniobra para incidir significativamente en materias legislativas. Finalmente, y como hemos descrito anteriormente, los temas de fondo que determinan las relaciones laborales en Chile no son objeto de discusión. Así, emana una pugna en donde, no importa cuál sea el resultado, no habrá mejoras sustanciales para las trabajadoras y trabajadores de Chile.

Ahora, si bien el rol de ciertos/as dirigentes de la CUT ha sido determinante para contener las críticas que han surgido a la reforma del ejecutivo, no podemos simplemente demandarle a la multigremial la conquista de reformas más profundas si no existe una fuerza social que sea capaz de conquistarlas. Si entendemos que tan solo el 14% de los trabajadores y trabajadoras de Chile se encuentran sindicalizados/as, y de estos/as una menor fracción presenta incipientes capacidades de movilización y generación de un programa con contenido en materias legislativas, se hace evidente que los/as grandes ausentes de esta reforma en términos de participación han sido justamente los trabajadores y trabajadoras de Chile.

En este escenario es fundamental desbordar con todas las fuerzas existentes los estrechos márgenes donde se quiere centrar la discusión sobre la reforma laboral. Aquí la movilización y la unidad político-sindical será vital dentro de los meses que se vienen. Si bien es posible que, como trabajadores y trabajadoras, poseamos una capacidad limitada para incidir en el resultado final de esta reforma en particular, si es fundamental evitar que el proceso se cierre con la aprobación de la nueva ley. La integración entre aquellos sectores que plantean defender lo poco que se consiga con la reforma, aquellos/as que busquen impedir que se aprueben aspectos nocivos para los/as trabajadores/as, y por sobre todo los/as que busquen proyectar la articulación del mundo sindical hacia una verdadera refundación del mundo trabajo, es fundamental, no solo para abrirnos un mayor margen de maniobra e incidir en el resultado final de la reforma, sino también para avanzar hacia la refundación democrática de Chile.

Frente Sindical Izquierda Libertaria