Publicado el 17 de diciembre de 2010

Cables de Wikileaks: Estrepitosa caída del Montaje Mapuche-Farc


Cables de Wikileaks: Estrepitosa Caída del Montaje Mapuches-FARC


Nacional
Cables de la Embajada norteamericana en Chile, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados por el diario El País, demuestran que la pretendida conexió mapuches-PC-FARC fue un montaje ejecutado por políticos de derecha, los senadores Alberto Espina y Andrés Allamand, y el entonces candidato Sebastián Piñera, con la complicidad de medios informativos de derecha, como El Mercurio y La Tercera.

Chile: polémica por investigación del gobierno y EEUU a mapuches
La polémica se apoderaba de círculos políticos chilenos este martes luego de la revelación de que Chile pidió ayuda a Estados Unidos para afrontar el "problema mapuche", mientras que los indígenas consideraron que los cables divulgados por WikiLeaks el lunes son un "tapa boca".
Los documentos de WikiLeaks indican que Estados Unidos no encontró vínculos entre los indígenas mapuches -que luchan por sus tierras al sur de Chile- y grupos armados internacionales como FARC o ETA, y que además consideró que sus protestas fueron magnificadas por los medios locales con "descarados titulares".
Esta conclusión se dio luego de que Chile pidió a Estados Unidos en 2008 colaboración en inteligencia para afrontar lo que definió como "problema mapuche", ante sus sospechas de que esa etnia podía radicalizarse y tener contactos con grupos armados.
"Es un tapa boca para todos quienes se han esforzado por relacionar la causa mapuche con organizaciones terroristas", dijo Aucán Huilcamán, werkén o líder del Consejo de Todas las Tierras, una organización que agrupa a varias comunidades mapuche, este martes a la AFP.
A su juicio, los cables de Wikileaks revelan también que los gobiernos de centro-izquierda (que gobernaron Chile entre 1990 y 2010) "nunca tuvieron un interés real y efectivo de resolver el problema de los pueblos indígenas de Chile y de los mapuche".
El senador oficialista Alberto Espina (derecha) consideró que pedir ayuda a Estados Unidos por ese tema "es un hecho que no corresponde, ya que Chile tiene los mecanismos para determinar un vínculo de esa naturaleza".
José Antonio Viera Gallo, ministro durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), afirmó por su parte no atribuirle "ninguna importancia" a las revelaciones.
"Creo que son cosas que más bien incomodarán a la embajada" estadounidense "de que se filtren las informaciones que ellos mandan al Departamento de Estado", agregó.
"El diagnóstico coincidía con el que nosotros también teníamos, que era bien distinto al de la oposición de la época", dijo.
La petición a EEUU fue hecha por el entonces jefe de gabinete de Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, según mensajes enviados por la embajada estadounidense al Departamento de Estado.
Cinco mensajes indican que el ministro Pérez Yoma pidió ayuda a Estados Unidos para investigar a las comunidades mapuches y su eventual vinculación con organizaciones como la guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la separatista vasca ETA.
Los mapuche se asientan en su mayoría en la región de La Araucanía, unos 600 km al sur de Santiago, donde comunidades reivindican tierras -hoy en manos privadas- a través de ocupaciones ilegales e incendios, reprimidos por la Policía.
Algunos, han sido condenados o están siendo procesados por una severa ley antiterrorista de la época de la última dictadura militar (1973-1990).
Tras investigar el tema, la inteligencia estadounidense llegó a la conclusión de que los mapuches son no violentos y que sus protestas por la reivindicación de tierras fueron "magnificadas por los medios" de prensa chilenos, en su mayoría de tendencia conservadora.
"La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de acciones ilegales de los mapuche, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas", dice uno de los cables.
También se desestima la vinculación con grupos armados, señalando que de existir esporádicos contactos eran "informales e infrecuentes", tratándose más bien de un "turismo de guerrilla".
Los mapuche, que representan cerca del 6% de la población total de 16 millones en Chile-, son la mayor etnia chilena, sufren altos grados de discriminación y según estadísticas oficiales tienen niveles de pobreza mayores a los de la población no indígena.
Paulina Abramovich
Fuente: AFP
Se viene abajo el montaje
“Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; "el problema ha sido magnificado por los medios"; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado pruebas de ello" y "los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero 'turismo de guerrilla"….
Todos esos son párrafos desclasificados de la correspondencia de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que demuestran la falsedad de la supuesta conexión entre los mapuche y las FARC.
A propósito Mister Edwards ¿Qué medios fueron los que magnificaron la relación Mapuche – Terrorista? ¿Diarios como el Mercurio, La Segunda y otros regionales, o sea sus diarios? ¿Dónde surge la concepción Mapuche – Terrorista? Montajes o Tesis de ciertos fiscales y empresarios ideologizados, junto a conspiradores grupos políticos, se caen a pedazos. ¿Terrorismo Mapuche o Terrorismo de estado empresarial y fascista?
Chile pidió ayuda al espionaje de EE UU frente a los mapuches
El Gobierno sospechaba de contactos entre los indígenas y el terrorismo internacional .- La Embajada estadounidense no veía al movimiento mapuche como una amenaza seria
Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior del último Gobierno de Michelle Bachelet, transmitió a Estados Unidos su preocupación por el "problema mapuche" y le pidió apoyo "de inteligencia" para seguir de cerca su posible radicalización, sus eventuales contactos con grupos terroristas extranjeros, como las FARC colombianas o ETA, y para "seguir el dinero" que les pudiera llegar.
La conversación se produjo en 2008, a poco de tomar posesión el ministro, y cuando ya se habían registrado algunos incidentes entre grupos mapuches, fuerzas del orden, propietarios de tierras reclamadas por la comunidad indígena y empresas españolas, como Endesa, implicadas en la construcción de presas hidroeléctricas en territorio mapuche.
"El consejero legal le explica que el FBI ya está coordinado con los Carabineros para ayudarles a localizar la llegada de esos posibles contactos", asegura un telegrama de la embajada.
Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; "el problema ha sido magnificado por los medios"; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado pruebas de ello" y "los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero 'turismo de guerrilla".
Aunque no es posible saber exactamente el número de mapuches entre la población chilena (el censo de 1992 hablaba de 932.000 y el de 2002, sorprendentemente, de solo 604.000), la mayoría de las ONG que trabajan en el país manejan cifras que oscilan en torno al millón de personas (entre el 5% y el 6% de la población total).
Un detallado informe escrito en otoño de 2009, tras un viaje de varios días por el territorio en conflicto (que coincide con la muerte de un joven activista mapuche a manos de la policía chilena), recoge la opinión, bastante irónica, de los diplomáticos estadounidenses:
"Un eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles", se mofan.
"El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que la Araucaria arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto".
Los diplomáticos ocultan a duras penas su indignación: "La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas".
Reproches a todas las partes
"Hay mucho que reprochar a todas las partes en este conflicto", informa el embajador Paul E. Simons.
"Las comunidades mapuches están desorganizadas, son incoherentes y presentan demandas que van desde lo lógico a lo fantasioso (...) Por el otro lado, los sucesivos Gobiernos de la Concertación han desarrollado una política indígena chapucera, a la que se concede poca importancia y que es incapaz de establecer y alcanzar objetivos realistas", explica.
Las protestas de las comunidades mapuches, que reclaman desde hace décadas las tierras de las que fueron expulsados a lo largo de la historia por sucesivos Gobiernos chilenos, para entregarlas o venderlas a agricultores individuales o empresas, obtuvieron alguna respuesta en los años sesenta y setenta, pero con la llegada de la dictadura de Pinochet fueron, de nuevo, aplastadas.
El primer Gobierno democrático de Patricio Alwyn, explica otro telegrama estadounidense, aprobó una nueva ley para devolver algunas tierras a las comunidades indígenas, "pero la situación progresó muy poco en los siguientes 16 años, contribuyendo a la visión mapuche de que el Estado chileno lleva 100 años rompiendo las promesas que les hacen".
Las quejas fueron aumentando en los últimos años, especialmente cuando las autoridades chilenas, agobiadas por la carencia de energía suficiente como para sustentar su creciente desarrollo económico, decidieron poner en marcha un plan de producción de energía hidroeléctrica y encargaron, entre otras a la empresa española Endesa, la construcción de nuevas presas, alguna de ellas en territorio ancestral mapuche.
A partir de ese momento, se renovaron los incidentes, especialmente los casos de "vandalismo y destrucción de la propiedad", informa otro telegrama. "Aunque preocupantes e ilegales", asegura Simons, "esos ataques son esporádicos y claramente dirigidos contra propiedades y no contra personas".
El telegrama recoge la queja de organizaciones humanitarias, escandalizadas por que se aplique a los mapuches una controvertida ley antiterrorista de le época de Pinochet.
Relaciones complejas
La embajada constata que las relaciones entre los mapuches y el Estado chileno son complejas y conflictivas, pero mayoritariamente "no violentas".
"Aunque la mayoría de los chilenos asocia los mapuches a las áreas rurales de la Araucaria y regiones vecinas, la realidad es que el 70% de los mapuches vive en áreas urbanas. Santiago alberga más mapuches que ninguna otra región", explica Simons.
Según la información que asegura que le ha proporcionado el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, 27 de las 2.100 comunidades mapuches del país están realmente en conflicto con el Gobierno chileno o con los propietarios de la tierra, y de esos 27 casos, solo en ocho se han registrado acciones violentas. De hecho, recuerda el embajador norteamericano, en los últimos 10 años de conflictos ha habido tres muertos, todos ellos jóvenes activistas mapuches.
El embajador reproduce también conversaciones mantenidas tanto con Rosende como con el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional chilena, Jorge Chocair, que minimizan las relaciones de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), grupo indígena vinculado a algunos hechos violentos, con grupos terroristas internacionales como las FARC o ETA.
"Es cierto que algunos miembros de la CAM han viajado a Colombia, a España y al sur de México y que pueden, incluso, haber participado en algún tipo de entrenamiento. Unos pocos representantes de Askapena, brazo político de ETA, visitaron en agosto de 2009 algunas comunidades mapuches.
Sin embargo, tanto Rosende como Chocair caracterizan esas relaciones con "informales e infrecuentes", asegura Simons. Chocair en concreto le dice al embajador que se trata de "turismo de guerrilla".
El último telegrama disponible, de octubre de 2009, informa de tres nuevos ataques en la región de la Araucania pero sigue calificando el tema de conflicto de "bajo nivel".
La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, les asegura, además, que no cree necesario el envío de más policías a la región.
"El secretario general de la Presidencia, José Viera-Gallo, tiene razón cuando afirma que el imperio de la ley en la región está perfectamente asegurado y que esos ataques, aunque preocupantes e ilegales, siguen siendo esporádicos y contra propiedades, no contra personas", insiste la embajada.

Fuente: El País