Publicado el 10 de agosto de 2012

La roba Pinocho, la arma la Concerta y GOOOOOOL de Longueira: Análisis en torno a la historia de despojo pesquero en Chile



La roba Pinocho, la arma la Concerta y GOOOOOOL de Longueira
Análisis en torno a la historia de despojo pesquero en Chile
Por
Asamblea Revista Bagual
Agosto de 2012

Los eventos sucedidos recientemente en torno a la legislación pesquera en nuestro país no pueden ser entendidos como una anomalía dentro de la historia de la actividad. A pesar de que algunos titulares acertadamente exacerben la privatización de los recursos pesqueros y el acabose de la pesca artesanal, no podemos, en ningún caso, sorprendernos de los resultados en la cámara de diputados. Esto, sencillamente porque es política de estado, desde los últimos años de la dictadura en adelante, ajustar las actividades pesqueras al “modelito”. Ninguna novedad aquí tampoco, ya que “el modelito” no acepta excepciones.

Veamos ahora el progresivo y planificado devenir de la legislación pesquera en Chile. La necesidad de legislar en torno a la pesca surge a mediados de los 80s debido a la sobreexplotación que se comenzaba a observar sobre ciertos recursos, producto de las malas prácticas de las pesqueras industriales. Si bien siempre se ha esbozado un discurso en torno a la preocupación por los recursos y su sustentabilidad, los intereses que gatillan la necesidad de legislar obedecen desde el principio a los intereses de los “maritenientes” por asegurar una institucionalidad que salvaguarde sus ingresos en el tiempo. Así entre 1988 y 1989 comisiones legislativas de la dictadura redactan la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), la cual en su primera versión era muy similar a la ley Longueira. Este temprano esbozo legislativo contemplaba la implementación de Cuotas Individuales Transferibles (CIT); un sistema de licitaciones de un tercio de la Cuota Total Permisible (CTP) y un límite a la concentración de CIT del 50 % de la CTP.

Esta primera versión fue rechazada por el gobierno entrante en 1990 y finalmente se trató de regular las pesquerías con las CTP y un sistema de licitaciones que nunca vio la luz. Esto si bien pretendía, al menos en discurso, poner un freno a la sobrexplotación de los recursos pesqueros no suponía condiciones de mercado idóneas. A pesar de que ciertamente aquellos armadores con mayores recursos podían extraer mayor porcentaje de las CTP en las llamadas “carreras olímpicas”, la inversión necesaria para obtener un lugar aceptable en la carrera era muy alta. Por esta razón durante el 2000 se implementó una reforma a la LGPA que permitiera aumentar la rentabilidad de las empresas con “derechos históricos de pesca”, o dicho de otra manera, garantizar los privilegios de algunas familias acaudaladas con inversiones en la pesca. Esta reforma consistía en establecer los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) y el Régimen Artesanal de Extracción (RAE), que justificados como una medida de conservación pasaron a ser el siguiente paso hacia la privatización de los recursos pesqueros. Los LMCA se aplicaron a los armadores industriales y consistían, en términos simples, a concesiones de una fracción de la CTP a un armador por un periodo de tiempo definido y que en el 2002 pasó a ser de 10 años. El RAE, funcionó de forma similar a los LMCA pero en el sector artesanal, otorgando un privilegio a ciertas personas dueñas de una embarcación y proletarizando a tripulantes, motoristas, y todas aquellas personas que históricamente habían generado un sistema de trabajo que, si bien no garantizaba, al menos permitía, la colectivización de los gastos y ganancias.

Por supuesto esta legislación, copiada de los países desarrollados, no salió de la nada, hubo personas responsables de esto, y que no lo hicieron por su preocupación por el medio ambiente. Unos de los principales gestores de este régimen pesquero fueron los hermanos Zaldivar, que eran senadores y uno presidente del senado (Andrés) durante el 2002. La familia Zaldivar ganó alrededor de 309 millones de pesos debido al alza en el valor de las acciones de Eperva y sus filiales tras la promulgación de la reforma de la LGPA, fenómeno que también benefició a sus amigos de la familia Angelini, la cual poseía más del 70% de la CTP en el norte. Todo esto se pudo hacer sin la necesidad de que estos delincuentes tuvieran que mojarse las manos. Solo se requirió otorgar la concesión de toneladas de pescado por 10 años a una persona y ahora sus barcos valían su valor patrimonial y el agregado de sus derechos a pescar. En una sesión de la bolsa estos ladrones de terno y corbata ganaron millones sin calar un solo anzuelo.

En el tiempo transcurrido desde la promulgación de la LGPA no solo se ha asegurado el patrimonio privado de 7 familias del país, en tanto empresarios pesqueros, sino que estos han utilizado los recursos marinos de todos y todas como moneda de cambio para generar acuerdos económicos como, el TLC con la Unión Europea y el ingreso de Chile a O.C.D.E. De esta manera el empresariado criollo fue capaz de estirar sus garras hacia otras áreas de la economía nacional e internacional, esto en términos financieros, ya que de soberanía alimentaria ni hablar. Los acuerdos sustraídos con Europa beneficiaron a los miembros de la clase dominante, locales y del viejo mundo, pero en cuanto a lo concreto y real de la alimentación o el uso de materias primas, el flujo es claramente unidireccional.

Solo para que se tenga una idea de donde provino la idea de lo que hemos denominado Ley Longueira (técnicamente provino de la ley Magnusson-Stevens de los E.E.U.U) veamos lo que dice la O.C.D.E en cuanto a la gestión de la actividad extractiva de la pesca. “Esta debe basarse en los instrumentos del mercado, y con ello facilitar el ejercicio de la actividad económica (por ejemplo permitir la utilización de los puertos nacionales para las embarcaciones factorías que operan frente a las costas chilenas). Así, la creación de derechos o permisos de pesca deber caracterizarse por: a) Derecho exclusivo a uso, b) Derecho a los beneficios y c) Derecho a la venta y/o transabilidad”.

Así, llegamos al 2012, año en que estaba programado se reevaluara la LGPA con el fin de generar las modificaciones necesarias para mejorarla tras 10 años de nutrida experiencia. Claramente la modificación más preocupante se plasma en el inciso primero de la sustitución del articulo N° 31 que plantea que “Las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles, y susceptibles de todo negocio jurídico”. Lamentable, vaticinable y programado ha sido el futuro ingreso de los grandes capitalistas españoles, chinos y europeos a participar del despojo de nuestros alimentos del mar.

Pero la Ley Longueira establece privilegios para el sector industrial más allá de títulos de propiedad. Esta ley les otorga asignaciones de cuotas obscenamente dispares, si se comparan con las artesanales, acorrala a la pesca artesanal a la primera milla náutica con respecto a la costa, zona donde ya no hay muchos recursos, obliga a los pescadores artesanales a utilizar posicionadores satelitales para controlar sus movimientos, encerrando así a estos en delimitaciones geopolíticas que nada tienen que ver con la naturaleza de los recursos, asigna cobros de patentes que en términos proporcionales a sus ingresos, son mucho mayores para el sector artesanal, no rectifica errores históricos altamente discutidos como la perforación de las 5 millas por parte del sector industrial en la zona norte del país y el uso de la pesca de arrastre, y además se atreve a hablar de manejo ecosistémico y principio precautorio. ¿Cuándo les ha importado el impacto ecosistémico de la remoción masiva del jurel y el pez espada, si mar afuera los industriales españoles destruyen el mismo stock que se pesca en el mar presencial de Chile?¿De qué principio precautorio se habla cuando se permite la pesca de arrastre?

Este 2012, la legislación pesquera nacional ha engendrado una máquina neoliberal perfecta que entre sus gracias podrá ostentar: Recursos marinos totalmente privatizados, proletarización total de los pescadores, despilfarro de los recursos marinos para generar valor agregado y no suplir necesidades alimentarias, agotamiento de los recursos pesqueros y la aniquilación cultural de comunidades costeras.

Los Angelini se han robado el sustento de cientos de familias de pescadores y después se enojan cuando les quitamos un camioncito para cortar la ruta. No hay moral.


Referencias

Espíndola, Miguel. Resultados del régimen pesquero sobre la conservación de los recursos. Centro de estudios Pesca Sustentable.

Chavez, Lester. 2011…Y ese mar que tranquilo te baña, ¿a quién le promete el futuro esplendor? Historia de un despojo. Mesa comunal de pesca de Lebu.

Chavez, Lester. 2012. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha y viceversa…Despojo de nuestro mar y sus recursos alimentarios. Parte II: “internacionalización y la pesca como moneda de cambio”. Mesa comunal de pesca de Lebu.

Pizarro, Rodrigo; Vial, Rosario; Avila, Lorena; Gutiérrez, Cristián; Doren, Daniela. 2002. Informe Zaldivar, el conflicto de intereses en la ley de pesca. Análisis de políticas públicas. Publicaciones Terram.

Villegas, Luís & Thomas, Felipe. Cambios al régimen legal en que opera la pesca. Centro de estudios Pesca Sustentable.