
Escrito por Rosario Ortiz (resumen.cl)
De acuerdo al sitio América economía, el próximo
año los precios de la celulosa bajarán, ya que se inauguran nuevas plantas
en Brasil y Uruguay, lo que hace aumentar la oferta. Sin embargo, las empresas
forestales chilenas “cuentan con una ventaja para enfrentar el ciclo de menores
precios de celulosa” pues en Latinoamérica los costos de producción por
tonelada métrica son 30% o más bajos que en Europa, Canadá y Estados
Unidos. Como no, con prácticamente cero regulación ambiental,
sobrexplotación laboral y subsidios estatales: Chile es el paraíso de los
empresarios forestales.
Tal como la pesca en Chile es manejada por 7
familias, el sector forestal ha sido manejado durante 40 años por 3
grandes empresas cuya materia prima son principalmente los Pinos y Eucaliptos
(celulosa, tissue, madera aserrada, papel periódico, cartulina, tableros de
fibra etc..). Las empresas son:
1.- ARAUCO: Controlada por la Familia
Angelini, actualmente al mando de Roberto Angelini, heredero de Anacleto
Angelini, fallecido el 2007, mismo año en el que la revista Forbes lo catalogó
como el mayor millonario de Chile y Sudamérica, todo gracias a la fabricación
de la harina de pescado en los años 60, y a los subsidios estatales aplicados a
la actividad forestal en los años 70. La familia Angelini además, hoy es dueña
de Copec, Pesquera Orizon y Corpesca, además están relacionados con la
industria minera.
2.- CMPC: La Compañía Manufacturera de Papeles y
Cartones, es actualmente forestal y papelera. Cerca del 50% de sus
ingresos corresponden a la producción de Tissue. Creada en 1920 y dirigida
alguna vez por Jorge Alessandri Rodríguez, pertenece a la familia Matte,
durante el gobierno de Salvador Allende se planteó su expropiación y
estatización (plantas de celulosa y papel en Puente Alto, Laja, San Pedro,
Concepción y Nacimiento). Esto alarmó a los accionistas, siendo Eliodoro Matte
Ossa el más importante de ellos. El año 2011 se corrobora judicialmente que
durante la dictadura militar la CMPC participó de forma activa en el asesinato
de 14 de sus trabajadores en Laja el año 1973. En los 90 continúa la
instalación de plantas en la Zona Mapuche y se expande a otros países de
Sudamérica, en su expansión ha invertido 2.400 millones de dólares (más de un
billón de pesos) solo hasta el año 2008. Actualmente, los Matte
están vinculados a más de 30 empresas del sector financiero, minero,
telecomunicaciones, sanitarios, puertos, el Centros de Estudios Públicos (CEP),
la Universidad Finis Terrae, Instituto Libertad y Desarrollo y proyectos
energéticos a través de Colbún.
3.- MASISA: Creada en 1960, actualmente posee
225 mil hás. de monocultivos en Sudamérica, cerca de 83 mil has. en Chile
y 7 complejos industriales. Los principales accionistas son el holding de
Inversiones a través de las sociedades chilenas Inversiones Forestales, Los
Andes S.A. y GN Inversiones Limitada, dueñas en conjunto del 65,94% del capital
accionario de Masisa. Entre otros están también AFP Hábitat S.A., AFP Capital
S.A, AFP Provida S.A, AFP Cuprum S.A.
Estas gigantescas forestales tienen el monopolio,
es decir, controlan los precios, los procesos productivos y prácticamente la
producción total misma, absorbiendo o eliminando la pequeña y mediana empresa.
Así, el año 2011 alcanzaron un valor de casi 30 billones de pesos en
exportaciones. Estas 3 empresas son representadas en la Corporación de la
Madera (CORMA), en el impulso de leyes que las favorecen, de esta forma han
invadido con plantaciones de pinos y Eucaliptos gran parte del territorio
Chileno, especialmente las regiones de Araucanía y del Bio Bio.
Historia del DL 701
La actividad forestal se consolida y expande
gracias al golpe de estado de 1973. Con el pretexto de recuperar y
prevenir la degradación de los suelo la dictadura establece en 1974 el
Decreto de Ley 701 que estableció un subsidio de un 75% de lo invertido en
plantaciones forestales, se abrieron créditos especiales y liberación de
impuestos, además gran cantidad de suelo pasó a ser decretado por ley para uso
forestal, Durante los primeros veinte años de su vigencia (1974-1994), se
plantaron en Chile 1.7 millones de hás. de las cuales más de 800 mil fueron
subsidiadas, de esta forma sobre el 60 % de las bonificaciones fueron a parar
en manos de las más grandes empresas forestales, un 50% de este dinero estatal
financió plantaciones de pino y un 30% financió plantaciones de eucalipto.
El DL 701 que acabaría en 1995 es renovado y
perfeccionado por la concertación: en 1998 la ley 19.561 extiende el Decreto
Ley 701 hasta llegar el 2011. Previendo el agotamiento de los grandes paños de
tierra forestales y adquiribles por las grandes empresas los cambios se
dirigieron a incluir a los pequeños propietarios de terrenos forestales y a
flexibilizar aún más el uso de suelo, tentando con jugosos subsidios y
préstamos a pequeños agricultores y mapuches (bonificaciones de hasta un 90% en
las primeras 15 has plantadas, bonos por la poda y el raleo). El bono Estatal
se extiende a suelos que aun pueden ser agrícolas, ya no solo se bonifica la
plantación de pinos y eucaliptos en suelos declarados de uso
preferentemente forestal sino que en todo tipo de suelo degradado, así el
ministerio de agricultura contabilizó 160.000 unidades pequeñas de tierras, en
total 1,6 millones de hectáreas susceptibles de ser forestadas. En estos 15
años el Estado gastó 504 millones de dólares en bonificaciones forestales. El
60% de las hectáreas forestadas continuaron siendo de grandes empresarios entre
1998 y 2004.
Nuevamente el DL 701 expiraría al acercarse
el 2011, rápidamente, la Cámara del Senado aprueba la ley 20488, la que
extiende el DL 701 hasta fines de 2012. Solo entre 1998 y 2012 se subsidió la
plantación de 459 mil nuevas hectáreas de especies forestales y bonificaciones
asociadas.
De acuerdo a la Corporación nacional forestal
(CONAF) entre 1976 y 2010, se bonificó más de 1.400 hectáreas, solo un
14,1% de este dinero fue destinado a la recuperación de suelos
degradados, pero un 65% se destinó a forestación, para la Asociación
Nacional de Ingenieros Forestales (ANIFBN) estas cifras desmienten el argumento
respecto a que el D.L.Nº 701 ha servido para recuperar suelos degradados y
demuestra que la forestación con especies exóticas de rápido crecimiento como
Pino Radiata y Eucalipto se ha realizado en suelos desnudos o donde antes hubo
bosque nativo.
Daño ambiental, usurpación y pobreza.
Los primeros en denunciar la invasión forestal
fueron las comunidades Mapuche en los años 90, señalando no solo la usurpación
de sus tierras, sino que el daño que causan los monocultivos a la economía
campesina local. De acuerdo a un estudio del Centro de Información de Recursos
Naturales (CIREN) del 2010, casi un 50% del suelo chileno está erosionado. La
ANIFBN, mediante sus estudios ha dejado en claro que la tala rasa que se hace
en las cosechas forestales ha provocado la pérdida y degradación del
suelo en gran parte del país, ya que lo deja expuesto a la caída de agua y el
viento se convierte en un sedimento que arrastra los nutrientes y
finalmente desemboca en cursos de agua y en el mar.
A la degradación y erosión causadas por las
plantaciones forestales se suma el enorme consumo de agua de las especies
de rápido crecimiento como el eucalipto que durante sus primeros diez años de
vida puede llegar a consumir 200 litros de agua diarios. Por otra parte,
el uso indiscriminado de plaguicidas provoca contaminación de las tierras y
agua, de modo que el monocultivo forestal afecta disminuyendo y
contaminando los cursos de agua como vertientes, napas y esteros que
alguna vez sirvieron a los campesinos y comunidades para consumo propio y/o
actividad agropecuaria (riego, animales etc..). Otro punto de conflicto es que
la expansión de los monocultivos para actividad forestal ha significado
sustitución de bosque nativo y de suelos agrícolas, la falta de tierra
productiva, y como consecuencia mayor, el empobrecimiento. No es coincidencia
que las comunas con los índices más altos de pobreza y desempleo sean aquellas
en donde predomina la actividad forestal y que se cuenten al menos 3 mapuches
asesinados por enfrentarse al poder de los invasores forestales.
Proyecto
Antes que termine el año 2012 el gobierno debe
contar con una nueva ley que regule toda la actividad forestal de
país y determine mecanismos y objetivos del subsidio estatal a este
rubro. Así el 2 de Octubre el Gobierno, mediante CONAF, ingresó con suma
urgencia (discusión en solo 15 días) a la Cámara de Diputados, una ley que
extiende por 20 años más el DL 701. Pese a que la urgencia fue eliminada,
la comisión de agricultura, silvicultura y recursos naturales de la cámara de
diputados sesiona dos veces a la semana y a fines de noviembre será despachado
al senado.
Con algunas modificaciones la normativa mantiene lo
esencial, que es la expansión del monocultivo forestal en el campo
chileno, mediante la cual ARAUCO, CMPC Y MASISA, se han propuesto continuar la
invasión forestal. Según CONAF en Chile quedan por forestar 2,3 millones de
hectáreas, siendo 1,5 millones con fines madereros, manteniendo solo 800 mil
hectáreas con fines de conservación y protección de suelos, regulación de los
ciclos hidrológicos, captura de carbono y combate contra la desertificación,
sobre estas cifras el proyecto espera forestar 590 mil hectáreas en 20 años,
principalmente en la Región de Bío Bío, la Araucanía y el Maule.
La lógica de la nueva ley de fomento forestal
continúa siendo intervenir en la actividad de medianos y pequeños campesinos
mediante los subsidios estatales concursables para fomentar plantaciones de
pino y eucalipto. Los que en su mayoría terminan siendo administrados por las
grandes empresas forestales, quienes ofrecen a los propietarios todos los
insumos, incluso la cosecha de los árboles y se quedan con la producción
imponiendo el precio.
En la presentación del proyecto se alude al efecto
que provocó el terremoto del 27F en nuestra región como pretexto para
utilizar fondos estatales para aumentar las plantaciones forestales, no
obstante, la baja en las exportaciones de celulosa durante el 2010, la
bonanza en los precios, benefició a principales compañías, Arauco, CMPC, y
Masisa, este año el sector forestal obtuvo ganancias por $ 2.128 millones de
dólares, superando en más de 100% a las de 2009.
La ANIFBN ha puesto en evidencia que pese a que el
objetivo del 701 es “la recuperación de suelo erosionado”, se continúa el
fomento de plantaciones forestales de rápido crecimiento, no existen
normas de protección ambiental, mientras en el proyecto tampoco se controla la
ubicación de las plantaciones respecto a los cursos de agua, ni siquiera es un
criterio para otorgar los incentivos forestales.
Consulta indígena
El año 2011 comunidades mapuches denunciaron que la
prórroga de dos años del DL701 no se consultó realmente a las comunidades,
por lo que el gobierno se comprometió esta vez consensuar la normativa legal y
dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, que indica una consulta a los
pueblos indígenas ante proyectos que afectan en cualquier sentido la vida de
las comunidades. Alrededor de 3.900 hectáreas entregadas por la CONADI a
diversas comunidades eran anteriormente explotadas por empresas forestales, por
lo que no es de extrañar que el nuevo proyecto considere beneficios especiales
para el caso de personas y comunidades indígenas considerados en la categoría
de pequeños propietarios que tendrían la posibilidad de optar a nuevas
bonificaciones aunque la tierra haya recibido bonificaciones en manos del
propietario anterior.
Para dicha consulta la CONAF consideró solo
a Comunidades, Asociaciones y Autoridades Tradicionales, inscritas en la
CONADI solo participaron alrededor de un 30 % de las organizaciones inscritas.
En la práctica el proceso impulsado por la CONAF
desarrollado entre el 9 de julio y 28 de agosto sólo tuvo un carácter
informativo sobre el cual la CONAF ha hecho una campaña comunicacional
indicando que se ha consultado a los “pueblos indígenas” nacionalmente. El
mismo informe indica que en la Región de Los Lagos no se hizo consulta
Indígena, sino difusión del Proyecto de Ley. Cabe señalar que durante el
proceso el rol de los funcionarios de CONAF es a lo menos cuestionable ya
que parte de sus funciones fueron “propiciar que los consultados
realizaran propuestas consensuadas y viables”.
Comunidades ya han rechazado y denunciado que los
resultados de la Consulta Indígena presentada por el gobierno en la sesión del
16 de Octubre de 2012 es incompleta y está viciada, además porque el proyecto
de ley que envió el gobierno a consulta no es el mismo que ingresó a la Cámara
de Diputados el 2 de Octubre de 2012.
Entre los puntos expuestos por las comunidades
consultadas, un gran número quedó sin resolución, por ejmeplo: no se debe
bonificar mas la actividad con especies exóticas y con fines madereros, excluir
las espacies exóticas en sectores con cursos de agua, proteger los cursos
de agua, obligar a las forestales a reforestar con especies nativas,
mayor control sobre plaguicidas y herbicidas, potenciar la forestación con
nativo generando mayor trabajo comunitario, etc… ante algunos de estos
temas la respuesta de la CONAF fue que estos no son materia ni objeto de la ley
que ellos crearon. Llama la atención que ante la exigencia indígena de que
exista una definición diferenciada para el concepto de Bosque (árboles
Nativos) y plantaciones Exóticas (pino y eucaliptus), la respuesta
fue “No se entiende el alcance de la diferenciación”.
Soberanía alimentaria una propuesta
política
Ante la prolongación por 20 años del DL 701 la
AIFBN ha emplazado al gobierno a que propicie una política forestal clara
y participativa que apunte al desarrollo del país, que traiga beneficios
económicos, ambientales y sociales para todos y permite la soberanía
alimentaria. ¿Cómo? Dando protección a suelos con erosión moderada y severa,
prevención y mitigación de la desertificación, asegurar la mantención de
la biodiversidad y el valor estético y cultural del paisaje, cambiar la orientación
de la producción incluyendo la actividad agroforestal y silvopastoral, la
diversificación forestal y la producción de leña para autosustento, favorecer
el ciclo del agua que se da solo en verdaderos bosques de tal forma que se
asegure agua para consumo tanto en la ciudad como en el campo. En parte esto se
logra fomentando en pequeños y medianos propietarios la producción de bosque
nativo, en vez del monocultivo de pino y eucaliptos.
Es necesario detener la expansión forestal, para
que las tierras vuelvan ser para los alimentos, fomentar el desarrollo de la
agricultura local y campesina, no solo porque representa saberes y valores
tradicionales, que pueden resultar folclóricos, sino porque mediante ella se
producen alimentos para el autoconsumo y la población local, porque además al
ser de producción local podemos controlar que sean alimentos sanos y nutritivos
y lo más importante es que la lógica de la soberanía se opone a la
concentración de los recursos alimenticios y económicos en unas pocas manos de
pocas empresas, de modo que los precios resultan ser más justos y no sometidos
a la especulación financiera y por último la agricultura campesina aumenta el
empleo y reactiva la economía local.
En el contexto actual, en
el que una nefasta Ley de Pesca entrega a 7 familias lo que queda de recursos
marinos y una también nefasta Ley de Fomento Forestal entrega millones de hás.
a 3 gigantes forestales, es un imperativo recuperar el derecho que
tenemos todos sobre la tierra y agua (también semillas) para asegurar la
alimentación sana y nutritiva que necesitamos y queremos.
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