Publicado el 9 de noviembre de 2014

El derecho al aborto y el 'control de calidad' a la democracia. Karen Alfaro

Columna de opinión escrita por Karen Alfaro, Doctora en Historia y Académica de la Universidad Austral de Chile.


Esta semana nuevamente la opinión pública se ha conmovido por el caso de dos niñas que quedaron embarazadas producto de una violación. Una de ellas reside en la comuna de Carahue, la otra en Perquenco, ambas comunas pertenecientes a la región de la Araucanía. Las situaciones vividas por las menores dan cuenta de la urgencia de legislar en materia de aborto.


Han proliferado opiniones de diversos sectores, entre ellos de la iglesia y de la clase política. Como representante de esta último, la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, que integra de la comisión de Salud de la cámara, señaló lo siguiente: “Hacer un aborto es pescar esa guagua, sacarla y, probablemente, matarla de alguna manera, porque esa guagüita está en condiciones de vivir, aunque fallezca posteriormente", rematando su intervención con que el aborto “es como ponerle un control de calidad a la raza humana” [1] No es de extrañar el discurso de la senadora derechista, contrario a los derechos de las mujeres, pues basta recordar que el año 2001, la entonces alcaldesa de Concepción, llegó a trabajar con su bebé en brazos. Con ello vulneró el derecho al posnatal, pasando por alto las luchas y conquistas históricas de las mujeres trabajadoras. Tanto esta representante de la más rancia derecha conservadora, como el conjunto de la clase política, parecen desconocer que el aborto en Chile, fue materia de salud pública desde 1931, luego de dictarse el decreto de ley que despenalizaba el aborto. Gracias a la incorporación de esta normativa en el Código sanitario, se atendió de ahí en adelante a una problemática sufrida por las mujeres a lo largo de todo el país, producto de los abortos clandestinos, que significaban una de las principales causas de muerte para ellas. Lo señalado rigió hasta 1989, cuando se elimina el decreto que despenalizaba el aborto, siendo Chile uno de los pocos países del mundo que lo sanciona en la actualidad.

La falta de voluntad política de la actual Nueva Mayoría, y fundamentalmente la búsqueda de equilibrios en la coalición gobernante, para no provocar un quiebre con la Democracia Cristiana, ha implicado que a la fecha duerman en el congreso las principales iniciativas destinadas a legislar sobre el aborto.

Por su parte, la derecha ha querido trasladar la discusión al ámbito moral, de donde en realidad es necesario sacarlo, con el fin de que la ciudadanía se apropie de la temática, a partir de una noción de derecho en el campo de la salud pública. Esto es crucial en el avance hacia la igualdad social. La discusión sobre el aborto es política, por ello los argumentos debieran situarse en ese plano y superar tanto una noción moralizante, como un discurso científico-médico, para así posicionarse fundamentalmente como un derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

En este sentido, no es casual que los principales casos que aparecen en la opinión pública estén relacionados con violaciones sexuales cometidas contra niñas provenientes de las comunas más pobres del país; que además sus victimarios sean familiares, quienes aprovechando la indefensión familiar e institucional, ejerzan poder y violencia de género, dada su condición de hombre-padre- proveedor. Por lo mismo, no nos interesa situar la injusticia social, sólo en razón de que las mujeres ricas abortan en clínicas privadas y que las mujeres pobres o no pueden acceder al aborto o lo practican en condiciones que ponen en riesgo sus vidas. Junto con lo anterior, buscamos plantear el problema desde la violencia estructural que afecta a los sectores más pobres del país, el que genera mecanismos particulares de organización y distribución del poder. De esta manera, el hacinamiento, la naturalización de la violencia, la drogadicción, el alcoholismo, etc., se transforman en parte de un escenario que acentúa las posibilidades del ejercicio de la violencia de género y sexual contra las mujeres y niñas.

Indudablemente que el aborto es una problemática transversal en términos de clases sociales y culturales, pero sin duda responde a una naturaleza de carácter estructural que no podemos desconocer. De ahí que se haga necesario visibilizar la feminización de la pobreza que, junto con la profundización de las desigualdades sociales, han acentuado las asimetrías de género.

La prolongación de la penalización del aborto en la actualidad es una responsabilidad política de la antigua Concertación, una muestra más de la comodidad de esta coalición con los anclajes antidemocráticos heredados de la dictadura. El avance hacia el aborto libre, legal y gratuito es un paso hacia la profundización democrática, es un imperativo ético y político por la igualdad social en el país.

[1] Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/mujer/van-rysselberghe-el-aborto-terapeutico-es-un-control-de-calidad-a-la-raza-humana/2014-11-04/103537.html