Estas manifestaciones abarcaron los días 24 y 25 de agosto del año 2011, en el marco de la lucha por la educación pública gratuita y de calidad. Cabe precisar que el ex sargento Millacura emitió 3 disparos a mansalva con una Sub Ametralladora UZI hacia las y los pobladores en una zona altamente habitada por casas y edificios, pudiendo cualquier poblador o pobladora haber sido víctima del disparo; no habiendo además enfrentamientos con armas de fuego de parte de las y los pobladores que justificaran una presunta autodefensa. El año 2011 aún se mantenía la competencia de los tribunales militares para juzgar delitos de carabineros en actos de servicio.
Por lo mismo todo el proceso de investigación y penalización, en el caso de Manuel Gutiérrez fue llevado por las diferentes instancias de la Justicia Militar, en donde el delito no fue calificado como homicidio sino que como violencia innecesaria, es decir casi homologable a un error de procedimiento sin connotar que se trató de la muerte de un niño/adolescente que observaba manifestaciones poblacionales en donde un funcionario de carabineros, innecesariamente; utilizó un arma de guerra para perpetrar disparos hacia las y los pobladores.
El autor (Miguel Millacura) no tuvo condena de privación de libertad. Inclusive la libertad vigilada de tres años, inicialmente dictaminada; fue rebajada a 461 días de firma en libertad. El caso fue llevado a la Corte Suprema, la cual ratifico el Dictamen de la Corte Marcial (Justicia Militar), de rebaja en la condena a Miguel Millacura. En dicho contexto, el caso fue presentado a la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, quien asumió la presentación como admisible y el día de
hoy se está en espera de las respuestas que debe dar el Estado de Chile sobre los hechos acontecidos. Cabe agregar que la familia de Manuel Gutiérrez, en conjunto con el Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez, la Agrupación de Victimas de Violencia Policial y una serie de actores de la sociedad civil, como Londres 38 - Espacio de Memorias, organizaciones estudiantiles y entidades de Derechos Humanos; impulsaron una importante lucha por poner fin a la justicia militar para que tanto el caso de Manuel como otros casos de víctimas civiles de violencia policial fueron juzgados por tribunales ordinarios con igualdad ante la ley.
Sobre lo expuesto, nos preocupa enormemente que, luego de que el año 2016 se haya alcanzado la reforma a la justicia militar según la cual todos los delitos de Carabineros y Uniformados contra civiles fueran juzgados por tribunales ordinarios; estemos asistiendo hoy a un retroceso expresado tras la promulgación de la ley Naim-Retamal que da defensa privilegiada a Carabineros, facilitando y legitimando el uso excesivo de la fuerza, con consecuencias fatales para víctimas civiles no involucradas en delitos.
De igual manera nos preocupa la restitución del uso de la Sub Ametralladora UZI como arma para funciones ordinarias a desplegar por carabineros. Entendemos que la lucha contra el crimen organizado requiere de facultades y herramientas de las fuerzas policiales para poder ejercer su rol de protección ciudadana. No obstante, esto debe estar siempre en un equilibrio en términos de evaluar el uso debido de la fuerza y armamento policial pertinente en el contexto de las circunstancias, no pudiendo equiparase el enfrentamiento del crimen organizado con las marchas ciudadanas movilizadas por el reclamo de Derechos.
Es preocupante el que como sociedad justifiquemos a priori el uso desmedido de la fuerza Policial/Militar ante cualquier circunstancia y situación. No le hace bien a la Democracia el legitimar la represión policial y militar como algo necesario. Tampoco le hace bien a la democracia el criminalizar el legítimo derecho a la manifestación de la ciudadanía en la exigencia de avance en derechos. No le hace bien a la democracia el que se legisle y se aborde el debate público sin considerar el necesario equilibrio para una sana convivencia entre los actores que conviven en un sistema democrático: uniformados y civiles.
Por otra parte, nos interesa que haya una profunda empatía y comprensión con todas las familias que han sido víctimas de violencia policial, especialmente con casos con consecuencia de muerte como es la experiencia de nuestra familia, con un dolor que marcó un antes y un después en nuestra historia. Como Agrupación de Victimas de Violencia Policial, junto a la familia de Manuel, apuntamos a que existan garantías de no repetición, esperando asentar el 25 de agosto, día en que Manuel fue asesinado por carabineros, como el Día de las Víctimas de Violencia Policial, como un precedente para decir Nunca Más. No porque el caso de Manuel sea más o menos importante, ya que en temas de Derechos Humanos nuestra posición como familia y como agrupación es que todos los casos en donde se ha vivido violación a los derechos humanos son igualmente importantes.
Sino que en reconociendo de que, dentro del dolor, nuestra lucha junto con otras organizaciones y casos con que nos articulamos permitió, a lo menos; marcar un antes y un después, siendo el caso de Manuel uno de los últimos casos con consecuencia de muerte generado por Carabineros en ser juzgado por la Justicia Militar y habiéndose dado paso a los tribunales ordinarios para juzgar casos posteriores, pese a los retrocesos que hemos observado en casos de víctimas del estallido social acogidos a la ley Naim-Retamal, al dársela a esta un carácter retroactivo.
A 15 AÑOS DEL ASESINATO DE MANUEL GUTIERREZ PEDIMOS COMPRENSIÓN, PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA, REGULACIÓN EN EL USO DE LA FUERZA POLICIAL, JUSTICIA, MEMORIA Y NO REPETICIÓN.
Miguel Fonseca (Agrupación de Víctimas de Violencia Policial - Fono: 999127256)
Jaqueline Gutiérrez (Hermana de Manuel Gutiérrez - Fono: 949007916)
. A 15 AÑOS del ASESINATO de MANUEL GUTIÉRREZ por parte de CARABINEROS: SOBRE LA NECESIDAD DE REGULAR EL USO DE LA FUERZA POLICIAL){kind=link}
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