Publicado el 2 de febrero de 2015

El aborto en Chile: un reflejo más de la desigualdad socioeconómica y la diferencia de clase.

El aborto en Chile: un reflejo más de la desigualdad socioeconómica y la diferencia de clase.


Hace algunas semanas la otrora ministra de salud, Dra. Helia Molina, anunciaba su renuncia a la cartera debido a sus palabras en la entrevista otorgada al diario La Segunda. Sin duda sus dichos alteraron la doble moralidad e hipocresía de nuestra sociedad. La verdad incomoda cuando quien se ve afectado es puesto en evidencia y es precisamente esto lo que ocurrió.

Los dichos de Molina no son más que el reconocimiento público de una gran verdad con la que la sociedad ha aprendido a convivir. Es un secreto a voces que el movimiento social se ha encargado de poner sobre la mesa de debate, sumado a todos los testimonios que han comenzado a circular por internet como una manera de alzar la voz.

Sin embargo, lo que la clase política no quiere reconocer es que la problemática del aborto no se reduce a un dilema valórico. Los valores aquí deben quedar al margen de una problemática que sobrepasa la moral y la religión. ¿Por qué? Porque el aborto en nuestro país es una realidad y está mediado por la desigualdad socioeconómica de la población chilena, así como tantas otras cosas.

Es fundamental que comprendamos este punto. Así como el Estado no se hace cargo de manera responsable de la salud de todos los chilenos y chilenas, teniendo una salud de calidad quienes pueden costearla en el sector privado, hay mujeres que pueden abortar pagando en clínicas privadas altas sumas de dinero y con la complicidad del centro de salud. O si no, viajan al extranjero a países donde el aborto sí es legal.

El aborto históricamente en nuestro país ha sido controlado por la clase socioeconómica dominante. Es sabido (y es incluso tópico en la literatura) que las mujeres abortaban en los tiempos de las grandes haciendas donde el patrón violaba a las mujeres e hijas de sus inquilinos y peones y las obligaba a abortar para no tener "huachos". Otras, no obstante, tenían a esos hijos e hijas sin reconocer. Las clases aristócratas y las familias "de bien" obligaban a las mujeres solteras a abortar para proteger su honor. Y así queda reflejado en nuestra legislación, cuando la pena por el delito de aborto es menor para la mujer que procedió con el objetivo de ocultar su deshonra. [1]

De la misma manera, durante el siglo XX, hospitales como el Hospital Barros Luco atendían a mujeres que decidieran abortar gratuitamente debido a la crisis sanitaria que vivía la sociedad y era visto como un problema de salud pública. La condición era que las mujeres pertenecieran a los sectores más vulnerables de la Región Metropolitana; sin embargo, declaraciones de médicos de la época afirman haber atendido a mujeres de clases acomodadas vestidas humildemente para simular pobreza. [2]

Como señaló sabiamente José Mujica, ex presidente de Uruguay, el aborto es más viejo que el mundo y el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso igualitario a todas las mujeres. 

Primero, porque las mujeres tenemos el derecho irrefutable de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Es inaceptable que el Estado decida por nosotras y se nos siga tratando como si fuésemos ciudadanas de segunda categoría, dependientes y prácticamente menores de edad sin la inteligencia o el criterio suficiente para saber lo que es bueno o malo para nosotras mismas. No es posible que en el Congreso se decida sobre lo que yo quiero para mi vida y mi cuerpo cuando más del 80% de los parlamentarios son hombres y sobre todo, cuando la maternidad y crianza continúa siendo en este país un asunto asumido principalmente por las mujeres.

Segundo, cada muerte de una mujer por aborto clandestino significa la pérdida de una vida importante. No podemos dejar de ver a las embarazadas como sujetos de derechos. Las organizaciones provida juzgan duramente a las personas que apoyan, aprueban y se han realizado abortos, pero no consideran las circunstancias en que éste ocurrió. Hay mujeres que abortan porque no quieren ser madres como también las hay quienes no pueden sustentar económicamente a un/a hijo/a, quienes ya tienen otros niños, quienes están estudiando, quienes tienen miedo de perder sus trabajos, quienes fueron violadas, quienes están arriesgando sus vidas continuando un embarazo, a quienes les falló el método anticonceptivo, a quienes se les rompió el condón, entre tantos otros motivos. Y si se autodenominan provida, ¿por qué entonces no se pronuncian con igual fuerza cuando vemos a los indigentes en las calles, a las familias en los campamentos, a las personas enfermas que no tienen los recursos para atenderse con salud de calidad que no encuentran en el sistema público? ¿Por qué hablar de la vida en estos casos sería diferente?

Tercero, no estar de acuerdo con la despenalización del aborto es avalar el enriquecimiento de ciertos médicos y personas que cobran las cifras de dinero que ellos estimen convenientes por realizar esta intervención, sin siquiera contar siempre con todas las medidas de seguridad y salubridad. O también de vender al precio que decidan pastillas de misoprostol en la clandestinidad. De esta forma, estamos avalando un mercado negro en el que se juega con la vida de las personas. No es posible que la vida de una mujer y su maternidad sean decididas por la cantidad de recursos económicos que posee. 

Hay muchas personas en contra del aborto. Y está bien. Si usted está en contra del aborto, no lo haga. La ley no obliga a nadie a abortar. No todos los embarazos no deseados terminarían en aborto porque es una decisión personal. El aborto no sería utilizado como método anticonceptivo. No habría una cantidad masiva de abortos, como algunos auguran. Pero la realidad nos muestra que hay mujeres pobres que mueren abortando única y exclusivamente porque no tienen los recursos para ir a una clínica privada cara y abortar allí de forma segura. Sólo algunas mujeres tienen ese privilegio. Sólo algunas mujeres pueden contar con este derecho.

La dictadura nos arrebató entre cuatro paredes la ley de aborto terapéutico que existía en Chile desde los años ’30 y, por lo tanto, para avanzar en la construcción de nuestra democracia es necesario que el debate se abra y se muestre en todas sus aristas.

El proyecto de ley que presenta Bachelet en el Congreso sólo cubre el 3% de las causales de aborto en Chile. Y de aprobarse, significaría un avance en los derechos sexuales y reproductivos de la población. Aún así, los principales actores sociales a quienes va dirigido este proyecto han sido marginados de su elaboración: las mujeres.

Lo que queremos está claro. Queremos que se despenalice el aborto. Que el aborto sea libre, para que todas las mujeres puedan decidir sin presiones sobre su cuerpo y su futuro; legal, porque el Estado debe garantizarnos este derecho reconocido por la mayoría de la comunidad internacional; y gratuito, para que el acceso sea igualitario sin estar mediado por el ingreso económico, como ocurre ya con la salud y la educación.


Con o sin legislación, las mujeres continuarán abortando. Pero con su despenalización, lo haremos más seguro y evitaremos una tasa de mortalidad no menor para nuestro país. Como señalara Valéry Giscard d’Estaing, presidente de Francia en 1974, “no puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos (...) sino (más bien lo) que tengo que (hacer es) velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa, para que pueda ser respetada y aplicada. (…) Como católico estoy en contra del aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización”. 


María José Leiva Vargas
Profesora de Historia y Ciencias Sociales

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[1] Artículo 344, Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y  la Moralidad Pública, Código Penal de la República de Chile.
[2] Montebruno, Piero, Alejandra Delgado, La vía chilena hacia el aborto, Archivo The Clinic online, 13 marzo 2012.