Publicado el 27 de febrero de 2017

Comunidad mapuche de Los Molinos vive tensa situación ante eventual desalojo



Desde el año 2000, la familia Michillanca comenzó a intentar recuperar tierras que les fueron usurpadas por medio de fraude en el año 1974, en el sector costero de Los Molinos. Ya en el año 2014, la familia Michillanca hace ingreso a las tierras usurpadas, comenzando las conversaciones con el Estado y el actual propietario que heredó las tierras.

Durante el año 2015, bajo el impulso de Ena Von Baer, Senadora por Los Ríos de aquel año, se aprueba la “glosa 14”, un mecanismo legal para limitar la reivindicación de tierras de las comunidades mapuche por medio de la ocupación. No obstante esta comunidad efectúa un acuerdo con el propietario de la tierra, quien genera un poder simple para que la comunidad lafkenche permanezca en el sitio, quedando fuera de las restricciones del mecanismo limitante.

Es así que la CONADI se compromete a comprar las tierras al propietario, para restituírselas a la comunidad mapuche. Para dar curso a este proceso, se forma una mesa de diálogo entre la CONADI, la Intendencia, el propietario y la comunidad Michillanca, donde se acuerda el procedimiento de compra (a través del artículo 20-b de la Ley Indígena) y se entregan garantías de permanencia en las tierras para la comunidad mapuche. El problema se origina debido a la lentitud de la CONADI para comprar y restituir las tierras, ocasionando que el propietario reaccione solicitando el desalojo de la comunidad.

Al respecto, Gabriel Michillanca comenta:  “bajo esta circunstancia, mientras nosotros estamos trabajando esta tierra, viviendo y haciendo uso de ella, resulta que este caballero desconoce el acuerdo al ver que el Estado se está haciendo a un lado con la lentitud de la CONADI”

Es así que el actual propietario ha solicitado una orden de desalojo, esperándose que el 1 de marzo llegue la notificación oficial a la comunidad, debiendo abandonar los terrenos de forma pacífica ese mismo día. En el caso de que la comunidad no haga abandono de la tierra, Carabineros llegaría entre los tres días posteriores para desalojarlos haciendo uso de la fuerza. Debido a esta situación, es que dirigentes de la comunidad Michillanca y de otras comunidades, acudieron a la CONADI  el día 24 de febrero, obteniendo el compromiso del actual director regional de esta institución, para interceder ante el actual propietario para que desista de la solicitud de desalojo. 

“Esperamos que la CONADI esté a la altura y que cumpla su palabra, ya que esta vale mucho para nuestro pueblo y esto es un problema serio. Nosotros no queremos llegar a la instancia del desalojo, queremos solucionar esto a través del diálogo, por lo mismo hemos recurrido a todas las instancias pertinentes. No obstante, de aquí no nos vamos a ir nunca más, estas son nuestras tierras ancestrales y tenemos toda la documentación necesaria para demostrar que estas tierras nos fueron usurpadas durante la dictadura. Por lo tanto aquí nos vamos a quedar, y si tiene que llegar la represión, la responsabilidad será del Estado, porque ellos permitieron que nos robaran la tierra y ellos han dilatado la restitución de estas”, relata el dirigente de la comunidad lafkenche.

Por otro lado, Gabriel manifiesta que de haber represión, los más perjudicados serían ellos debido a que en la comunidad habitan niños y ancianos. A su vez, la comunidad cuenta con apoyo de otras comunidades mapuche, agrupadas en la Alianza Mapuche Kiñe Rakizuam, las cuales han estado presente en todo el proceso legal y sin duda les acompañaran en el momento del desalojo.