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El que quiere puede, hay
cosas exclusivas para hombres y otras para mujeres, a mayor edad mejor
jubilación, el discapacitado es incapacitado(a), son sólo algunas de las
muchas ideas fuerzas -instaladas en su momento, validadas y hasta defendidas en
la actualidad- que rigen gran parte del comportamiento de nuestra sociedad; y con
esto no me refiero a la realidad virtual observada netamente en los medios de
comunicación y/o redes sociales, sino la que acostumbra a expresarse en la
cotidianidad de nuestras familias, en la universidad y la escuela, en los
eventos culturales y deportivos, en el trabajo, las juntas de vecinos(as) y en
las poblaciones, misas y pichangas de día domingo.
Sin
embargo, una de las ideas fuerzas que más réditos trae a quienes hacen lo
posible por mantener el estado actual de las cosas, es la que se refiere a la
defensa de la democracia. "Debemos
defender nuestra democracia" es un lema que no solo recorre a gran
parte del espectro político, a saber, la Nueva Mayoría y Chile Vamos, sino que
también ha sido impregnada en la gran mayoría de la población que, pese a
manifestar descontento con la clase política o la evidente falta de consagración
de derechos sociales, sí son capaces de posicionarse favorablemente a la hora
de valorar la democracia chilena, sobretodo sectores de la población que poco
participan políticamente.
Es
decir, se concibe esta estrecha democracia como un marco regulador suficiente
de la actividad social y, como tal, sólo es necesario ajustar pequeños
engranajes para continuar con un óptimo estándar de desarrollo y progreso:
Chile, país OCDE.
Este
hecho de por sí constituye una antesala de las tareas que le suponen superar a
un conglomerado como el Frente Amplio, bloque que con un programa democrático
aspira a ser alternativa al Duopolio que ha gobernado y mal gobernado por casi
20 años. Ahora, si focalizamos nuestra limitada y limitante democracia en
términos de discapacidad, tema que nos convoca, supone un desafío aún más importante para las
comunidades y organizaciones de la población de discapacitados(as) en Chile que
aspiran a un reconocimiento efectivo de derechos, pero ¿Por qué?
Una
de las resoluciones claves de estas comunidades para la participación plena de
las mismas en la sociedad civil dice relación con la implementación de
políticas públicas con enfoque inclusivo. No obstante ¿Dónde se cruzan
inclusión y democracia? La inclusión social supone la plena participación y
valoración de la diversidad de sujetos en sociedad, no solo en cuanto a accesos
a servicios o áreas de desempeño como trabajo y educación, sino que acceso íntegro
y protagónico en todos los ámbitos de la vida social y política de un país. ¿Le
suena eso a Chile? La verdad no mucho.
Ampliar
los márgenes de participación, garantizando una democracia real y efectiva parece
ser una constante en la retórica de las fuerzas emergentes en Chile. Sin embargo,
es una tarea ineludible si queremos avanzar verdaderamente en mayores niveles
de inclusión y dignidad de todos y todas nuestras habitantes, sobretodo de
quienes se encuentran en situación de discapacidad -física o mental-. Ahora,
esto requiere de cierto pragmatismo político ligado a la conquista de derechos
sociales, pues ahí radica el reconocimiento como sujetos en sociedad, piso
mínimo para viabilizar la democracia activa de las diversas comunidades que al
día de hoy viven bajo el prisma del estigma social e institucional.
Por
otra parte, tenemos que en Chile ocurre un fenómeno bastante particular si queremos darle un adjetivo.
Y es que para el mundo académico y, en consecuencia, para quienes se desempeñan
en áreas que se cruzan en algún momento con la discapacidad -salud y educación
principalmente-, es posible afirmar que existen claridades en torno al quehacer
en materia de rehabilitación, necesidades educativas e inclusión social, al
menos en el papel: diversas fuentes teórico-científicas, estudios de experiencias
mundiales innovadoras, instrumentos de intervención y planes de acción; todo lo
anterior ratificado en convenios y acuerdos internacionales. Sin embargo ¿Por
qué esta información de gran valor se queda encapsulada en el ámbito de las
investigaciones, la academia y la universidad?
Si
tenemos que las actualizaciones conceptuales plantean que la discapacidad,
aquella que limita la actividad y la participación social, ocurre a causa de un
ambiente discapacitante ¿Por qué las escuelas siguen siendo segregadoras, la
urbanización altamente excluyente y la salud centrada en el déficit?
Una
de las respuestas más cercanas a la realidad plantea que las constantes
actualizaciones científicas, académicas y conceptuales carecen de voluntad
política para implementar en la sociedad nuevas formas de atención, gestión y
participación inclusiva, es decir, democrática. En otras palabras, nos
encontramos con que quienes dan vida -o muerte- a la consagración institucional
de los derechos sociales, a saber, el Congreso y el Ejecutivo de la mano de la
Nueva Mayoría y Chile Vamos, a pesar de los avances en cuanto a cifras, hacen oídos
sordos primeramente al conocimiento científico respecto de las respuestas a
diversos fenómenos que inundan la vida social, y en segundo lugar a las
exigencias que surgen de la experiencia ciudadana de quienes viven en carne
propia las heridas de la exclusión, la discriminación y el abandono.
En
este sentido, uno de los desafíos del Frente Amplio es poder encausar políticamente
la constante actualización académica e investigativa hacia la sociedad civil y
sus instituciones, allí donde los cambios en materia de inclusión y
discapacidad claman un carácter de urgencia. Y de esto no puede desentenderse
la comunidad científica. Lo anterior supone que de una vez por todas se termine
con las prácticas clientelistas y asistenciales de los gobiernos del binomio Nueva Mayoría-Chile
Vamos, para avanzar progresivamente hacia un Estado garante de derechos.
Ahora,
hipotéticamente, si pensamos que el Frente Amplio a mediano plazo puede lograr conquistar
las posibilidades de ser Gobierno, es necesario recalcar que la importancia de
éste -como instrumento- radica en impulsar grandes transformaciones en Chile,
que ubiquen a la ciudadanía en una posición favorable para crear, gestionar y
potenciar exponencialmente mejores estándares de calidad de vida y nuevas formas
de convivencia social amparadas en una democracia radical. En este sentido, y
sin escapar a las ataduras de la realidad actual, del Chile de la constitución
militar y de las desigualdades, del Estado debilitado frente al poder
empresarial, sin lugar a dudas el Frente Amplio deberá administrar diversos
aspectos de la vida nacional.
¿La
tarea? Evidentemente proyectar transformaciones estructurales dirigidas a superar el neoliberalismo en Chile, pero también implementar gestiones genuinamente eficaces en cuanto a objetivos y recursos
en materia de discapacidad e inclusión. Esto es, gobernar con un horizonte transformador, pero a su vez administrar bajo una lógica de gestión
democrática, transparente y eficiente. Significa planificar el uso de
recursos en cuanto al diseño prioritario de políticas focalizadas en áreas de
desarrollo estratégico institucional -SENADIS y Ministerio de Desarrollo Social-,
educación inclusiva, salud, equidad y no discriminación laboral, previsión y
seguridad social.
El
II Informe Nacional de Discapacidad (2015) realizado por el Ministerio de
Desarrollo Social, estima que el total de personas en situación de discapacidad
asciende a las 2.606.914, es decir, el 20% de la población, cifra que
aumenta si focalizamos la atención en las mujeres (24,9%) o adultos mayores de
65 años (38,3%), población que además se ve afectada por un ascenso en la
violencia de género y la seguridad social.
El
Censo, pronto a realizarse, nos dará nuevas luces en cuanto a cifras de
población con discapacidad y, acompañado de ellas, vendrán nuevos planteamientos
en cuanto a exigencias, necesidades y posicionamientos de la población en
cuestión. Esperemos y pujemos porque el naciente bloque frenteamplista esté a
la altura de los desafíos y pueda brindarnos un piso para seguir construyendo
una sociedad más justa, democrática e inclusiva.
Rodrigo Muñoz.
Militante de Izquierda Libertaria.
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