Publicado el 9 de abril de 2017

Democracia e inclusión ¿El Frente Amplio como punto de encuentro?

Fuente: © Integrados Chile | http://www.integradoschile.cl

El que quiere puede, hay cosas exclusivas para hombres y otras para mujeres, a mayor edad mejor jubilación, el discapacitado es incapacitado(a), son sólo algunas de las muchas ideas fuerzas -instaladas en su momento, validadas y hasta defendidas en la actualidad- que rigen gran parte del comportamiento de nuestra sociedad; y con esto no me refiero a la realidad virtual observada netamente en los medios de comunicación y/o redes sociales, sino la que acostumbra a expresarse en la cotidianidad de nuestras familias, en la universidad y la escuela, en los eventos culturales y deportivos, en el trabajo, las juntas de vecinos(as) y en las poblaciones, misas y pichangas de día domingo.

Sin embargo, una de las ideas fuerzas que más réditos trae a quienes hacen lo posible por mantener el estado actual de las cosas, es la que se refiere a la defensa de la democracia. "Debemos defender nuestra democracia" es un lema que no solo recorre a gran parte del espectro político, a saber, la Nueva Mayoría y Chile Vamos, sino que también ha sido impregnada en la gran mayoría de la población que, pese a manifestar descontento con la clase política o la evidente falta de consagración de derechos sociales, sí son capaces de posicionarse favorablemente a la hora de valorar la democracia chilena, sobretodo sectores de la población que poco participan políticamente.

Es decir, se concibe esta estrecha democracia como un marco regulador suficiente de la actividad social y, como tal, sólo es necesario ajustar pequeños engranajes para continuar con un óptimo estándar de desarrollo y progreso: Chile, país OCDE.

Este hecho de por sí constituye una antesala de las tareas que le suponen superar a un conglomerado como el Frente Amplio, bloque que con un programa democrático aspira a ser alternativa al Duopolio que ha gobernado y mal gobernado por casi 20 años. Ahora, si focalizamos nuestra limitada y limitante democracia en términos de discapacidad, tema que nos convoca, supone un desafío aún más importante para las comunidades y organizaciones de la población de discapacitados(as) en Chile que aspiran a un reconocimiento efectivo de derechos, pero ¿Por qué?

Una de las resoluciones claves de estas comunidades para la participación plena de las mismas en la sociedad civil dice relación con la implementación de políticas públicas con enfoque inclusivo. No obstante ¿Dónde se cruzan inclusión y democracia? La inclusión social supone la plena participación y valoración de la diversidad de sujetos en sociedad, no solo en cuanto a accesos a servicios o áreas de desempeño como trabajo y educación, sino que acceso íntegro y protagónico en todos los ámbitos de la vida social y política de un país. ¿Le suena eso a Chile? La verdad no mucho.

Ampliar los márgenes de participación, garantizando una democracia real y efectiva parece ser una constante en la retórica de las fuerzas emergentes en Chile. Sin embargo, es una tarea ineludible si queremos avanzar verdaderamente en mayores niveles de inclusión y dignidad de todos y todas nuestras habitantes, sobretodo de quienes se encuentran en situación de discapacidad -física o mental-. Ahora, esto requiere de cierto pragmatismo político ligado a la conquista de derechos sociales, pues ahí radica el reconocimiento como sujetos en sociedad, piso mínimo para viabilizar la democracia activa de las diversas comunidades que al día de hoy viven bajo el prisma del estigma social e institucional.

Por otra parte, tenemos que en Chile ocurre un fenómeno bastante particular si queremos darle un adjetivo. Y es que para el mundo académico y, en consecuencia, para quienes se desempeñan en áreas que se cruzan en algún momento con la discapacidad -salud y educación principalmente-, es posible afirmar que existen claridades en torno al quehacer en materia de rehabilitación, necesidades educativas e inclusión social, al menos en el papel: diversas fuentes teórico-científicas, estudios de experiencias mundiales innovadoras, instrumentos de intervención y planes de acción; todo lo anterior ratificado en convenios y acuerdos internacionales. Sin embargo ¿Por qué esta información de gran valor se queda encapsulada en el ámbito de las investigaciones, la academia y la universidad?

Si tenemos que las actualizaciones conceptuales plantean que la discapacidad, aquella que limita la actividad y la participación social, ocurre a causa de un ambiente discapacitante ¿Por qué las escuelas siguen siendo segregadoras, la urbanización altamente excluyente y la salud centrada en el déficit?

Una de las respuestas más cercanas a la realidad plantea que las constantes actualizaciones científicas, académicas y conceptuales carecen de voluntad política para implementar en la sociedad nuevas formas de atención, gestión y participación inclusiva, es decir, democrática. En otras palabras, nos encontramos con que quienes dan vida -o muerte- a la consagración institucional de los derechos sociales, a saber, el Congreso y el Ejecutivo de la mano de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, a pesar de los avances en cuanto a cifras, hacen oídos sordos primeramente al conocimiento científico respecto de las respuestas a diversos fenómenos que inundan la vida social, y en segundo lugar a las exigencias que surgen de la experiencia ciudadana de quienes viven en carne propia las heridas de la exclusión, la discriminación y el abandono.

En este sentido, uno de los desafíos del Frente Amplio es poder encausar políticamente la constante actualización académica e investigativa hacia la sociedad civil y sus instituciones, allí donde los cambios en materia de inclusión y discapacidad claman un carácter de urgencia. Y de esto no puede desentenderse la comunidad científica. Lo anterior supone que de una vez por todas se termine con las prácticas clientelistas y asistenciales de los gobiernos del binomio Nueva Mayoría-Chile Vamos, para avanzar progresivamente hacia un Estado garante de derechos.

Ahora, hipotéticamente, si pensamos que el Frente Amplio a mediano plazo puede lograr conquistar las posibilidades de ser Gobierno, es necesario recalcar que la importancia de éste -como instrumento- radica en impulsar grandes transformaciones en Chile, que ubiquen a la ciudadanía en una posición favorable para crear, gestionar y potenciar exponencialmente mejores estándares de calidad de vida y nuevas formas de convivencia social amparadas en una democracia radical. En este sentido, y sin escapar a las ataduras de la realidad actual, del Chile de la constitución militar y de las desigualdades, del Estado debilitado frente al poder empresarial, sin lugar a dudas el Frente Amplio deberá administrar diversos aspectos de la vida nacional.

¿La tarea? Evidentemente proyectar transformaciones estructurales dirigidas a superar el neoliberalismo en Chile, pero también implementar gestiones genuinamente eficaces en cuanto a objetivos y recursos en materia de discapacidad e inclusión. Esto es, gobernar con un horizonte transformador, pero a su vez administrar bajo una lógica de gestión democrática, transparente y eficiente. Significa planificar el uso de recursos en cuanto al diseño prioritario de políticas focalizadas en áreas de desarrollo estratégico institucional -SENADIS y Ministerio de Desarrollo Social-, educación inclusiva, salud, equidad y no discriminación laboral, previsión y seguridad social.

El II Informe Nacional de Discapacidad (2015) realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, estima que el total de personas en situación de discapacidad asciende a las 2.606.914, es decir, el 20% de la población, cifra que aumenta si focalizamos la atención en las mujeres (24,9%) o adultos mayores de 65 años (38,3%), población que además se ve afectada por un ascenso en la violencia de género y la seguridad social.

El Censo, pronto a realizarse, nos dará nuevas luces en cuanto a cifras de población con discapacidad y, acompañado de ellas, vendrán nuevos planteamientos en cuanto a exigencias, necesidades y posicionamientos de la población en cuestión. Esperemos y pujemos porque el naciente bloque frenteamplista esté a la altura de los desafíos y pueda brindarnos un piso para seguir construyendo una sociedad más justa, democrática e inclusiva.


Rodrigo Muñoz.
Militante de Izquierda Libertaria.